En junio se constituyó la Comisión Asesora Ministerial para la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, instancia creada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para apoyar técnicamente al Ejecutivo en la puesta en marcha de la nueva normativa que entrará en vigor en diciembre de 2026.
Hace unas semanas, la comisión que preside la abogada Romina Garrido, liberó su primer informe, el cual alertó de una serie de riesgos asociados a la futura Agencia de Protección de Datos Personales, entre ellos, el poco tiempo para su constitución, además de un presupuesto insuficiente y escasa dotación de trabajadores para cumplir sus funciones normativas, de fiscalización, control y promoción de la cultura de protección de datos.
En entrevista con DF, Garrido comentó que la comisión propuso elevar el presupuesto inicial de la Agencia de $1.721 millones a cerca de $4.000 millones, con el fin de financiar una dotación mínima de 50 funcionarios, además de los tres consejeros, y recomendó adelantar su instalación a junio de 2026 para que los consejeros tengan tiempo de dictar las normativas. De lo contrario, se generaría “incertidumbre jurídica”, pues la Agencia tendría que pronunciarse sin contar con normas ni procedimientos claros.
“La Agencia se instalaría con 19 funcionarios, lo que es insuficiente, porque no solo hay que pensar en la sanción y la fiscalización, sino también en la comunicación y generación de cultura de protección de datos”.
- El informe advierte de un presupuesto limitado. ¿Cuáles son las principales conclusiones al respecto?
- Analizamos el informe presupuestario de 2021 de la Agencia, que fue la última vez que se actualizó, además de las remuneraciones de los consejeros y de toda la plana directiva y de funcionarios que sigue hacia abajo. Ahora, cuatro años después, es evidente que presenta falencias estructurales importantes, en cuanto a lo aprobado y a lo que se requiere para poner en marcha una institucionalidad que no es continuadora de ninguna entidad pública chilena, por lo que es un presupuesto bastante deficiente en ese sentido para las necesidades, que van desde contar con un espacio físico hasta tener plataformas para poder interactuar con los ciudadanos y relacionarse con los regulados. El ajuste se hace urgente, justo en el marco de la discusión presupuestaria para 2026. Esperamos que realmente se pueda aumentar en al menos un 40% de lo proyectado.
Aquí se juega con derechos fundamentales de las personas, con la confianza ciudadana respecto de cómo el Estado y las empresas tratan los datos personales, y de cómo Chile se inserta en la economía digital. Sin un presupuesto adecuado, la Agencia no se va a poder instalar adecuadamente, y no tenerla convierte a la protección de datos en un mandato ineficaz, feble e inexistente.
Tiempo y dotación
- También alerta que el tiempo para la puesta en marcha de la Agencia es escaso. ¿Qué riesgos implica?
- De partida, si solo dos meses antes se nombra a los consejeros, la entidad no alcanza a instalarse. No va a haber tiempo para que se dicte la normativa y los lineamientos que el mercado y empresas requieren, que es tener claridad para el 1 de diciembre de 2026. Esto trae inseguridad jurídica, porque los responsables no van a saber cómo cumplir los deberes que esta ley impone, y son acciones que podrían ser sancionables por esta misma Agencia a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Ahora, es evidente que en un escenario así, la Agencia no va a salir a fiscalizar, porque sería fiscalizar una normativa que no ha podido dictar. Si los mismos responsables del tratamiento de datos no tienen respuesta ante la Agencia, eso es muy conflictivo, porque el Estado tiene que dar respuesta y resolver sus requerimientos. Entonces, se genera un riesgo de parálisis institucional, pérdida de confianza en que el régimen no va a funcionar y también para los regulados, que no van a tener certeza respecto de ciertos mandatos técnicos. Por eso proponemos que la Agencia pueda existir unos meses antes para poder dictar normativas y dar claridad a las industrias y al mismo sector público que está implementando.
- ¿Cuáles son las falencias de capacidades y dotación inicial que tendría la Agencia?
- Nosotros miramos agencias comparadas, tanto en Europa como la reciente instalación de la agencia en Ecuador. En Chile esta se instalaría con 19 funcionarios, lo que es insuficiente, porque no solo hay que pensar en la sanción y la fiscalización, sino también en la comunicación y generación de cultura de protección de datos, y esta última es una de las falencias en cuanto a las capacidades con el presupuesto actual.
La Agencia va a tener un área de registro, de fiscalía, de normativa, de certificaciones de modelos de cumplimiento. Y en esta dotación inicial no está proyectada la fuerza fiscalizadora adecuada para ejercer esta función. Hoy, por ejemplo, estamos viendo lo que está pasando con la Ley Karin, donde la Dirección del Trabajo no está dando abasto con la fiscalización y la respuesta a procedimientos. Entonces, al final se transforma en una legislación ineficaz.
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