El 7 de marzo, el Tribunal Ambiental de Valdivia confirmó la multa de la Superintendencia del Medio Ambiente de $361 millones al desarrollador inmobiliario “Santa Amalia”, que pretendía ejecutar el proyecto Altos de Trancura en Pucón, compuesto por 269 lotes rurales, “sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental”.
El Tribunal concluyó, respaldando a la Superintendencia, que la cantidad de parcelas, sus dimensiones y las obras de urbanización ejecutadas por el desarrollador “hacen prever que los terrenos serán adquiridos para la construcción de ─al menos─ una vivienda y no para el desarrollo de actividades agrícolas”, circunstancia que se encuentra prohibida expresamente de acuerdo al Decreto Ley 3.516, sobre división de predios rústicos, y que también transgrede el umbral máximo de 80 viviendas que fija la legislación ambiental para desarrollar un proyecto sin Resolución de Calificación Ambiental.
Además, la inmobiliaria tendrá que pagar una multa adicional de $121 millones por cortar bosque nativo sin contar con un plan de manejo forestal.
“Esta sentencia es importante porque entrega certeza para los desarrolladores inmobiliarios en suelo rural, quienes tendrán que obtener una Resolución de Calificación Ambiental si el proyecto contempla una capacidad para 80 o más viviendas; entre otras autorizaciones estatales como el cambio de uso de suelo”, explicó el abogado Juan Francisco Sánchez, del estudio Correa Squella.
Sánchez lleva tiempo trabajando en casos similares en la Patagonia, donde también se ha prohibido construir en sectores determinados, situación que también se ha visto en Panguipulli y Valdivia.
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