Una semana ha transcurrido desde que se concediera la prisión preventiva para los hasta ahora únicos tres formalizados en el caso de la llamada “trama bielorrusa”, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, y la pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles. Un caso que comenzó como un lío contractual entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec, pero que derivó en una acusación por pago de sobornos a la exmagistrada, a cambio de resoluciones judiciales que favorecieron al consorcio, y que hoy, además, promete escalar, luego de conocerse, por ejemplo, un viaje al extranjero de otro magistrado, Diego Simpertigue, con el abogado Lagos.
Aunque es cuidadoso en sus palabras, en esta entrevista con DF MAS, el penalista Julián López, el abogado de Codelco en la causa y que se acaba de querellar, no elude contestar cada una de las preguntas que trasuntan este caso, sobre cuán extendidas son estas irregularidades. Y aborda en detalle los alcances que hasta ahora ha podido configurar de esta explosiva trama.
- ¿Por qué Codelco recién se querella esta semana post formalización?
- Presentar una querella por parte de Codelco en contra de una exministra de la Corte Suprema, es una decisión muy seria. Imputar el delito de cohecho a alguien supone tener antecedentes serios. Y nosotros sólo tuvimos esos antecedentes durante el desarrollo de la audiencia.
- ¿Qué diligencias van a pedir?
- La querella nos da más facultades legales. Por ejemplo, alegar los recursos de apelación ante la Corte de Apelación, participar en la querella de capítulos (contra Ángela Vivanco) y participar en el juicio oral.
- ¿Se van a hacer parte de la querella de capítulos?
- Por cierto.
- ¿Cuándo vendría la formalización de la exministra Vivanco?
- Es una cuestión de tiempo, pero supone que previamente se trámite la querella de capítulos. Las querellas de capítulos más recientes que se han tramitado en la Corte de Apelaciones han tomado entre cuatro y seis meses considerando las dos instancias, porque es habitual que se apele ante la Corte Suprema. Estamos hablando de plazos de esa magnitud. Ella podría haber sido formalizada si es que el Ministerio Público no hubiera tenido interés en pedir cautelares a su respecto. Pero como el Ministerio Público tiene la intención de pedir cautelares, necesita previamente esta autorización de la Corte de Apelaciones para proceder.
- Ustedes concretaron esta semana la querella, pero no incluyó a ninguno de los socios, administradores o accionistas de lo que fue el Consorcio Belaz Movitec. ¿Por qué?
- Nuestra querella se basa en los antecedentes aportados durante la audiencia de formalización. Está pendiente el estudio exhaustivo de la enorme cantidad de antecedentes que se liberaron durante la audiencia de formalización y que no tuvimos oportunidad de revisar durante las audiencias, de manera que todo va a ser debidamente realizado a su tiempo. Paso a paso se va a ir determinando cuáles son las personas que tienen que ser imputadas por delitos.
- ¿Pero manejan antecedentes que permitan vincular a los socios Duch y Sekul en estas irregularidades?
- Paso a paso vamos a ir alcanzando a todas las personas que hayan intervenido en los delitos.
- La pregunta es si los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas corrieron con colores propios para ganar una causa que a ellos les llegó representar? ¿O esto es desde más arriba?
- Los antecedentes concretos que hoy tenemos son que allí existió un entramado de corrupción que involucró directamente a dos abogados con una ministra de la Corte Suprema y con un operador. En la medida en que la investigación avance, evidentemente esa situación puede cambiar e ir extendiéndose a otras personas.
- ¿No se descarta entonces la participación de estas otras personas, socios, accionistas?
- No, evidentemente que no. Ellos son materia de la investigación.
- ¿Qué medidas van a seguir ustedes para resarcir el daño económico a Codelco?
- Hoy día existe vigente un arbitraje, que no está a mi cargo, con el objeto de recuperar los dineros que estaban envueltos en la relación contractual con CBM, que es el origen de todo este conflicto. Desde el punto de vista penal, es posible demandar indemnizaciones por la responsabilidad civil derivada de los delitos que se han cometido. E incluso, dictada una sentencia condenatoria que establezca el cohecho, la ley establece la posibilidad del recurso de revisión de las resoluciones judiciales que han sido obtenidas mediante cohecho. Toda persona que comete un delito no solamente es responsable penalmente del delito que cometió, sino que también es responsable civilmente del perjuicio que ocasionó con esos delitos.
- Pero si avanza el arbitraje…
- Evidentemente en la determinación de cuáles son los perjuicios sufridos se van a tener en consideración las eventuales recuperaciones que pueda haber tenido Codelco por otras vías. Pero en la medida en que no haya recuperación, el perjuicio se mantiene intacto y debe ser indemnizado.
- ¿Cómo se explica que el resultado obtenido en favor del consorcio haya sido fruto de coimas a Vivanco, si hay otros 17 jueces que fallaron?
- Los jueces que participaron de esas resoluciones no han declarado en la investigación. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué es lo que ocurrió al interior de esa sala cuando estos asuntos fueron discutidos. No sabemos cómo se presentó el caso, no sabemos qué información se les entregó, no sabemos qué elementos tuvieron en cuenta ellos para concurrir o no a la decisión. Nos falta información. Especular no es sano. Indudablemente ellos son testigos importantes para la investigación y determinar la forma en que se tomaron los acuerdos que llevaron a esas resoluciones es una parte muy importante de la investigación.
- ¿Por qué no se les tomó declaración antes?
- El delito de cohecho no es un delito que tenga que ver con el contenido de las resoluciones. Es un delito que tiene que ver con la forma en que esas resoluciones fueron obtenidas. O sea, los actos contrarios a los deberes del cargo que cometió la ministra Vivanco son irregularidades de tipo procedimental: la intervención que ella tiene para que la relatora dé cuenta de las causas o de los recursos exactamente el día en que ella estaba en la tercera sala. Luego ella ordena a la relatora dar cuenta del fondo del asunto un día que sólo se había dado cuenta de la orden de no innovar. Luego ella instruye al prosecretario de la Corte Suprema para que dicte una resolución que simulaba la existencia de un error involuntario en una resolución anterior. Y luego ella presiona a la Corte de Apelaciones de Copiapó para que apure la ejecución de alguna de estas sentencias. Todas esas conductas son conductas de la ministra Vivanco y no de los demás miembros de la sala. Y son esas las conductas que constituyen la infracción de los deberes del cargo, que configura uno de los elementos del delito de cohecho.
- Pero hubiera sido muy distinto que hubiera tenido todas esas conductas, pero la decisión colegiada hubiera sido no darle los pagos al consorcio...
- Desde el punto de vista penal no habría cambiado absolutamente nada. Porque el delito de cohecho sigue existiendo.
- Sí, pero no el perjuicio para Codelco.
- Pero no se requiere perjuicio. El delito de cohecho no es un delito de perjuicio. El delito de cohecho se consuma tan pronto existe un acuerdo en que una persona le ofrece dinero a otra. Basta el mero ofrecimiento a cambio de que esa otra persona realice un acto con infracción de los deberes de su cargo.
- ¿Hay antecedentes que permitan descartar que no hay más jueces involucrados?
- La información con la que contamos es que una ministra de Corte recibió, a través de su pareja, y directamente, beneficios económicos por las resoluciones en las que ella intervino.
- ¿En este minuto esos otros jueces están en calidad de testigos?
- La calidad con la que una persona declara en la investigación la determina el Ministerio Público en el momento de despachar la citación. Ellos en este minuto no tienen una calidad definida ni la van a tener mientras no sean citados por el Ministerio Público.
- ¿Ustedes tienen una presunción respecto de que haya más involucrados a nivel de los jueces?
- Le insisto. Todas las conductas que nosotros hemos observado acá, que tienen que ver con las irregularidades procedimentales que conllevan a la infracción de un deber del cargo propia del cohecho, son conductas en las que incurrió individualmente la exministra Vivanco.
“Un entramado de corrupción”
- Durante la audiencia, la magistrada fue bastante crítica del trabajo de la Fiscalía, por diligencias que faltaban. ¿Hubo apresuramiento, desprolijidad?
- Algunas de las críticas que se formularon a la Fiscalía tenían que ver con el hecho de no haber realizado ciertas diligencias, como entrevistar al chofer de Ángela Vivanco, a los conserjes del edificio donde funciona el estudio Lagos y Vargas. Y el Ministerio Público explicó que esas diligencias no las había hecho porque la investigación estaba con secreto de lavado de activos y tenía la justificada preocupación de que por esa vía estuviera contactándose con gente muy cercana a la exministra Vivanco que pudieran ponerla sobre aviso de las diligencias de investigación. El Ministerio Público hizo un trabajo extraordinariamente sigiloso, diligente y efectivo, acumulando pruebas tan contundentes que permitió a la jueza dictar una resolución y llegar a decir cosas tan serias como que el fantasma de la corrupción en el Poder Judicial se había hecho una realidad en este caso. Y decretar prisión preventiva. Todo eso da cuenta de la contundencia de los antecedentes que constituyen la columna vertebral de este caso, que no son los hechos anecdóticos de la peluquería o del cóctel, sino que tienen que ver con un entramado de corrupción que comprometió a dos abogados, una ministra de la Corte Suprema y un operador.
- Uno de los puntos que se cuestionó fue el tema de la georreferenciación. Ángela Vivanco tenía una coartada, estaba agendada en una peluquería, en la misma área de referencia de las oficinas de Lagos y Vargas. ¿Qué antecedentes permiten sostener inequívocamente que Ángela Vivanco recibió esos US$ 15.600?
- Este no es el caso de una peluquería. Lo que está establecido es que hay una ministra de Corte Suprema que interviene indebidamente en la tramitación de recursos judiciales y que de manera completamente sincrónica en las fechas en que esas resoluciones se producen y los pagos se hacen, aparecen transferencias de dinero hechas desde Movitec al estudio Lagos y Vargas, que son distribuidas entre los abogados, la empresa y que luego van a parar a manos del señor Migueles o a las cuentas corrientes del señor Migueles. Esa es la estructura troncal de este caso y el patrón de conducta se repite exactamente en cada uno de los tres pagos que hace Codelco. Ningún delito requiere que tú pruebes todos y cada uno de los momentos en que el delito se produce. Los relatos penales siempre tienen blancos y esos blancos se llenan mediante inferencias. Aquí hay un patrón. El patrón es que contra la resolución judicial se hace un depósito de Lagos y Vargas, que se transforma en dinero en dólares que van a parar a las manos del señor Migueles. Incluso si se eliminara por completo ese elemento y se dijera que los US$ 15.600 no fueron recibidos directamente por la ministra, el delito de cohecho se mantiene exactamente igual. El delito de cohecho está consumado, aunque ella no haya recibido directamente al dinero. No se requiere probar que Ángela Vivanco recibió directamente en sus manos los US$ 15.600 para dar por establecido que existe un delito de cohecho.
- La exministra Vivanco negó por completo todas las imputaciones que se le están haciendo.
- Bueno, la ministra Vivanco, en la declaración que prestó ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema, negó tener una relación de amistad con Mario Vargas. Esa es la credibilidad que merecen las afirmaciones de la exministra Vivanco.
- Otro de los puntos que se abordó fue la fiesta del 8 de agosto que coincide con que se habría cargado a la plataforma del Poder Judicial una resolución, estando los abogados en la casa de Vivanco. ¿Qué se ha logrado establecer respecto de la IP?
- Verdaderamente la IP no tiene ninguna importancia. La defensa no niega que los señores Lagos y Vargas hayan estado en la casa de la ministra Vivanco ese día, sino que dice que estaban participando de un cóctel que estaba ofreciendo la ministra. Si así fuera, si el escrito no se hubiera firmado en la casa de la ministra Vivanco, ¿cambia en algo el único hecho relevante para la investigación, que es que los dos abogados litigantes, que estaban litigando ante ella, tenían reuniones con ella en su domicilio el mismo día en que estaba por vencer el plazo de un escrito de apelación que iba a ser conocido por ella? La respuesta es no. No cambia en absoluto la columna vertebral de la imputación.
- ¿Van a pedir diligencias en relación con el juez Diego Simpertigue, a propósito del viaje que se conoció con el abogado Lagos, de 2024?
- El fiscal nacional ya informó que la participación que le pueda caber es algo que va a ser indagado por la misma fiscal regional.
- ¿Ustedes conocían esta información?
- No.
- ¿Cuán extendida está la corrupción en el Poder Judicial?
- Nosotros vamos a colaborar activamente para que este caso produzca resultados que conduzcan a que hechos como estos no se vuelvan a repetir.
- Pero como abogado litigante, ¿confía igual en la justicia que hasta hace un año atrás?
- Si no tuviera confianza en la justicia no podría ejercer la profesión.
- Acabamos de conocer también de una supuesta relación, que hasta ahora no está del todo aclarada, del conservador de Puente Alto Sergio Yáber con un parlamentario, Cristián Araya. ¿Esto va a ser una caja de Pandora con muchos más hechos que denotan corrupción?
- Indudablemente este caso es un ataque bajo la línea de flotación a la credibilidad del sistema de administración de justicia. Pero lo que el mismo caso plantea es un desafío para que el resultado de la investigación comunique que estos hechos no son tolerados, no son normales y una vez descubiertos, tienen la sanción que corresponde.
- Lagos y Vargas han participado en infinidad de otras causas. ¿Tienen antecedentes de que también se operó de manera irregular?
- En la carpeta de investigación existen antecedentes relativos a otras causas en las que se han observado irregularidades en la tramitación. Eso es también parte de la investigación, pero no tienen todavía el nivel de desarrollo que tienen los casos de CBM con Codelco. Y creo que deben ser objeto de decisiones futuras por parte del Ministerio Público.
- ¿Esto va a abrir una caja de Pandora de aristas?
- En la medida en que aquí hemos observado un patrón de conducta que tiene que ver con una asociación delictiva entre abogados, una ministra de corte, que se manifiesta en el caso de Codelco, y en la medida en que hay otros casos en que irregularidades similares se observan en la tramitación de recursos judiciales, es difícil imaginar que este sea el único caso. Pero insisto que eso es todavía materia de la investigación.
- Cuando venga el juicio oral, los estándares suben bastante y se requiere probar hechos “más allá de toda duda razonable”. ¿Cuál es el riesgo de que este caso termine como el del caso SQM?
- No es una buena idea comparar casos tan disímiles. En este caso existen suficientes antecedentes acumulados como para pensar que un tribunal de juicio oral va a poder satisfacer ese estándar para imponer la sentencia condenatoria.
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Azucena González
