Desde hace casi una década, el grupo inversor Nexus Chile Health -controlador de la Isapre Nueva Masvida- y Empresas Masvida -el grupo de salud fundado por un grupo de médicos de Concepción- protagonizan una historia plagada de desencuentros, acciones legales cruzadas, recursos de protección, una liquidación concursal y un largo etcétera de pugnas legales.
Y ahora ambos grupos acaban de sumar un capítulo más en esta historia de conflictos, luego de que, a inicios de octubre, Isapre Nueva Más Vida y Nexus acudieran a la justicia con el objetivo de exigir una indemnización a Empresas Masvida, que suma $ 105.288 millones, unos US$ 111 millones.
Un poco de historia.
Luego de que salieran a la luz pública los serios problemas financieros de Empresas Masvida -incluyendo a la entonces Isapre Masvida que era parte de este conglomerado-, en abril de 2017 este otro actor del rubro salud, Nexus, que era dueño de la Isapre Óptima, celebró un contrato que se tradujo en el traspaso a su propia aseguradora de la cartera de afiliados de la malograda Isapre Masvida, dando origen a Isapre Nueva Masvida.
Dentro de este traspaso figuraban planes grupales que se conocían como el “Plan Médico Socio” que, como su nombre lo dice, aplicaban a los médicos socios que a través de sociedades de inversión eran accionistas de Empresas Masvida. El problema era que en conjunto dichos planes tenían una siniestrabilidad superior al 100%, es decir, eran financieramente inviables, pues los ingresos de las cotizaciones no lograban cubrir las coberturas y prestaciones acordadas en los planes. De hecho, este fue parte del problema y la razón por la que la entonces isapre del grupo Empresas Masvida fue intervenida en su momento por la Superintendencia de Salud.
Según Nueva Masvida, cuando ocurrió aquella transferencia de la cartera, las partes firmaron un convenio que, entre otros elementos, dejaba constancia de que aquellos Planes Médico Socio eran inviables y que se aceptaría su modificación, para que fueran económicamente sostenibles bajo la nueva isapre, ahora en manos de Nexus.
O sea, Óptima, rebautizada como Isapre Nueva Masvida, debía ofrecer un nuevo plan grupal, con un precio 15% más alto para que fuera viable, sujeto también a que la siniestralidad anual no excediera el 92%, lo que de ocurrir, permitiría que se iniciara un proceso de adecuación, en pos de mantener el equilibro y estabilidad de Isapre Nueva Masvida.
Así, en agosto de 2018 Isapre Nueva Masvida notificó a todos sus afiliados de la necesidad de modificar los antiguos planes grupales. Pero, según la demandante, para su sorpresa, Empresas Masvida recurrió con recursos de protección por los afiliados al plan médico que se buscaba cambiar, unos 10.200 beneficiarios.
Y luego, ya en 2019, la nueva isapre informó a la Superintendencia de Salud de su intención de proponer y acordar con los afiliados rebajar los porcentajes de coberturas en prestaciones, toda vez que necesitaba hacer un proceso de revisión de los planes médicos, pues seguían manteniendo siniestralidades superiores al 100%. De hecho, las cartas enviadas para explicar la propuesta de modificación, hablaban de gastos en prestaciones curativas y licencias médicas ascendentes al 152,9% de los ingresos percibidos. Pero nuevamente Empresas Masvida acudió a la justicia, por segunda vez, con un nuevo recurso de protección, por más de 5 mil médicos cotizantes.
Según expuso Isapre Nueva Masvida en su actual acción ante la justicia, ambos recursos de protección fueron rechazados, pero ya en junio de 2020 y aún sin haber logrado cambiar los planes grupales deficitarios, envió cartas informando el término del plan, ofreciendo un nuevo plan individual. Pero esta vez fue la Superintendencia de Salud -según la demandante, variando el criterio que el regulador había adoptado antes- quien ordenó la suspensión de este nuevo proceso de revisión y también del término de los Planes Médico Socio.
Dichos planes médico socio -expone en su acción Isapre Nueva Masvida- siguen vigentes, con sus altas siniestralidades y ocasionando perjuicios financieros, y dejando a esta última atada de manos “debiendo solventar, hasta el día de hoy, los onerosos y deficitarios planes”.
Por ello es que, junto con pedir la resolución del mentado convenio, las demandantes también piden cuantiosas indemnizaciones. Isapre Nueva Masvida calcula un daño emergente, es decir, una pérdida económica directa, de 1.557.384 UF, unos $ 58.437 millones, dado por la pérdida que le genera la mantención de aquellos planes. Esto corresponde a la diferencia entre los ingresos que recibe por esos planes y los gastos necesarios para mantenerlos activos.
Y, por otro lado, Nexus reclama lucro cesante, es decir, las utilidades que el controlador de Isapre Nueva Masvida ha dejado de percibir, las “millonarias pérdidas” que cuantifica al no haber podido hacer retiros en cada ejercicio, desde 2018: 1.248.588,66 UF, unos $ 46.850 millones.
Una acción de “seguridad”
y el derecho de veto
En Empresas Masvida -que es accionista del grupo Andes Salud- es otra la lectura a este desencuentro. Apuntan, por un lado, a que las verdaderas razones por las cuales la Isapre Nueva Masvida jamás pudo concretar sus intentos por modificar los planes son atribuibles a “hechos de terceros”: órganos estatales, decisiones administrativas de la Superintendencia de Salud.
Y eso porque, según describió ante la justicia la firma demandada, el punto nuclear es que nunca se incorporaron los contenidos exactos establecidos en aquel convenio firmado el 17 de abril de 2017, que contiene un anexo con más obligaciones contraídas. De hecho, describen un catálogo más amplio de obligaciones, como: mantención vitalicia de beneficios y prestaciones para cónyuge sobreviviente y para hijo estudiante universitario hasta los 27 años.
También que en caso de que se excediera el costo máximo ya mencionado (el 92%), se establecería una comisión bipartita (integrada también por Empresas Masvida) para el estudio y resolución, y cuya conclusión sólo podía consistir en elevar el valor del plan hasta un 5% (o sea, el exceso de costo de ninguna manera llevaba a la terminación del plan grupal).
Y -un punto que estiman crucial- Nexus debía realizar los actos pertinentes para transformar a Empresas Masvida en accionista de la nueva Isapre, con una acción, sin derechos económicos, pero sí con el derecho a que cualquier decisión relativa al término del plan grupal sería materia de junta de accionistas y requeriría del voto de este nuevo accionista. En la práctica, un derecho de veto.
“El punto nuclear es que las actoras (Nexus e Isapre Nueva Masvida) nunca incorporaron esos contenidos en las modificaciones que propusieron, sin crear y transferir a Empresas Masvida la acción ya señalada en la Isapre”, respondió ante la justicia el abogado Mario Rojas, que representa a Empresas Masvida, y quien consultado por DF MAS insistió en el punto.
“Lo que ocurrió fue que la Isapre, pese a que adquirió la cartera, jamás hizo la oferta del nuevo plan grupal en los términos pactados en el Convenio de 17 de abril de 2017. Lo que hizo la Isapre fue intentar distintos procedimientos, al margen del Convenio, para modificar los planes colectivos, pero sin transferir la acción de ‘seguridad’ a Empresas Masvida. Todos estos procedimientos intentados por la Isapre fueron bloqueados por la Superintendencia de Salud, en instrucciones administrativas, y también en fallos arbitrales. La Superintendencia reconoció expresamente la eficacia del Convenio de 2017”, dijo.
Como el convenio no se ha ejecutado, los médicos siguen pagando en la actualidad exactamente las mismas tarifas vigentes al 2017, mientras el mismo abogado Rojas, en representación de Empresas Masvida, y de 5.200 médicos afiliados, junto con la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico (Falmed) por otros 600 médicos, ya habían iniciado otro juicio pidiendo que Nexus y la isapre cumplan el Convenio de 2017, que se cree la acción de “seguridad” de los planes colectivos y la transfiera a Empresas Masvida y también piden una indemnización a los médicos por los daños morales causados por los intentos frustrados de desestabilización de los planes colectivos. Esta acción es por unos $ 60.000 millones totales.
Y por eso Rojas cree que este juicio de Nexus e Isapre Nueva Masvida fue iniciado como una suerte de reacción a esa demanda de los médicos.