¿Está Paquita, la linda estrella? Ese era el santo y seña para entrar a jugar con Ángela Vivanco cuando era una niña. Su abuela que la adoraba y consentía, exigía esa pregunta al tocar la puerta de la casa del fondo del pasaje de Manuel Montt en Santiago.
De ahí en adelante, para Ángela Francisca Vivanco Martínez, todo fue subir al cielo, hasta este viernes que ingresó a la cárcel de San Joaquín, para cumplir la medida más gravosa en el ámbito penal: prisión preventiva. Sí, la abogada, exprofesora de Derecho, exmiembro del Instituto de Bioética en la Universidad Católica, académica investigadora, excandidata a diputada por el desaparecido partido UCC (Unión de Centro Centro), exministra de la excelentísima Corte Suprema, permaneció esposada y de cara lavada la semana que debió escuchar los detalles de las fechorías que la fiscalía le imputaba a ella y los secuaces que la sobornaron.
A los 63 años y después de una carrera que se presumía brillante, Ángela no alcanzó a tocar la estrella que más anhelaba: ser presidenta del máximo tribunal del país y, por el contrario, se derrumbó en un abismo, acusada de traicionar todos los valores que un día juró defender.
A pesar de estar autorizada por el juez Mario Cayul, la orden de detención de la ex ministra generó ruido. Que carabineros llegara hasta su casa, un domingo en la noche, registrando e incautando material, documentos y dinero, para luego detenerla, existiendo la posibilidad de citarla a una audiencia, fue una decisión debatible, que no pudo caer bien en la Corte.
Su caminata lenta hasta el auto de la policía, era como la del sentenciado al patíbulo. Y en parte lo es. Y no porque la prensa la condenara con anticipación, como aseguró su abogado, sino más bien porque los cargos que se le imputan constituyen lo que con cierta poesía afirmó el fiscal que la acusa: “La conducta de Vivanco constituye una daga en el corazón de la integridad del sistema judicial”.
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, la recibió el día lunes con amabilidad y delicadeza, porque si bien no se compró aquello de que era una especie de anciana con enfermedades de base, que no procedía haber acudido al tribunal en calidad de detenida, sí le concedió tiempo a su recién nombrado abogado Jorge Valladares -todo el día miércoles- para que estudiara bien el caso y así garantizarle a Vivanco, la plena observancia de sus derechos.
Durante los cuatro días que duró la audiencia de formalización, Vivanco se iba encogiendo en su asiento. Demasiado lejos se veían esos días de los ‘80, cuando taconeaba por los pasillos de la Casa Central de la Universidad Católica, obligando a sus autoridades y funcionarios a dar la vuelta para mirarla. En esa época, cuando un piropo era un cumplido, Ángela Vivanco los recibía a raudales y hasta sus alumnos de Derecho -que la admiraban como profesora- también eran capaces de reparar en su coquetería: “La profe nunca vino a una clase con los mismos zapatos”.
Pero en la sala del Centro de Justicia, 45 años después, nada era glamoroso. Para el Ministerio Público, cada palabra que salía de la boca de la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Witter, cada documento gráfico que exhibía el fiscal Marco Muñoz, todo iba confirmando sus sospechas respecto de que la ex ministra realizó actos con infracción a los deberes de su cargo, que intervino en la tramitación de recursos alterando su tramitación normal, que no se inhabilitó para intervenir en causas teniendo estrechos vínculos con los abogados de una de las partes, que tenía un interés personal en la causa, y que recibió beneficios económicos, a través de su pareja.
Todas estas presunciones, resumidas en un momento de la audiencia por el abogado de Codelco, Julián López, tienen respaldo en la investigación de la Fiscalía. Pero quizá la conducta más grave es la que apunta a que ella vendería fallos judiciales; específicamente los que tuvieron que ver con el juicio entre Codelco y la empresa chilena, de capitales bielorrusos, Belaz Movitec.
Los cargos que hoy se le imputan -tres delitos de cohecho y uno por lavado de activos- no implica que puedan aparecer más “detallitos”, como comenta con ironía un abogado querellante. La complejidad de esta causa es enorme y cada día surgen nuevas aristas o personas eventualmente involucradas en la cadena delictiva.
El vértice
Fiscales y las policías hacen lo que pueden con los recursos que manejan, y no ha sido poco, pero está claro que la madeja tiene varias hebras, y será responsabilidad del Ministerio Público aclarar, no sólo lo que atañe a la ex ministra Vivanco, sino también a los muchos otros personajes que todavía se esconden tras bambalinas.
Hasta ahora, en la causa “trama bielorrusa” están en prisión preventiva la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados de la empresa Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas. Y con otras medidas cautelares se encuentran los conservadores Yamil Najle y Sergio Yáber, además del dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro; todos ellos procesados por participar -en algún momento- de la ejecución del soborno o el lavado de activos.
Pero esta semana la audiencia era más relevante. “Hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice”, dijo la fiscal Witter. “Es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso, es la persona respecto de quien resultan más reprochables sus conductas”.
Witter no exageraba. La exministra Vivanco, quién asumió como ministra de la Corte Suprema el 8 de agosto del 2018, no es cualquier persona. Si bien el marco penal es el mismo cuando un juez o un ministro de la Corte de Apelaciones comete un delito de cohecho, en el caso de un ministro de la Suprema el reproche es mayor, precisamente porque afecta la última instancia del Poder Judicial. Y eso sí lo puede considerar un juez aplicando la pena en el marco más alto de la escala.
El origen
Durante la audiencia de formalización aparecieron hechos que no se conocían públicamente, como también nuevos peritajes y nombres de otros actores ligados a la historia.
Y para apreciar mejor la información, es importante recordar la génesis de la trama. Todo se inicia cuando Codelco decide terminar con el contrato que mantenía con el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM). El mandato era mover tierras en el proyecto Rajo Indio. La relación empezó a deteriorarse y Codelco acusa que CMB no cumplía con los plazos y que además tenía graves problemas de seguridad. El más complejo: la muerte de un chofer de uno de los camiones bielorrusos, esos vehículos que miden 20 metros de largo y casi nueve metros de altura.
Cuando Codelco rescinde anticipadamente el contrato a principios de 2021 decide cobrar las boletas de garantía. El valor era cercano a los $ 13.000 millones. CBM quedó en cueros. El contrato tenía cláusula arbitral y a esos tribunales se fueron. Pero dos de los representantes de los dueños de CBM, Jaime Duch y Josip Sekul, deciden ir a tribunales civiles. Los recursos fueron rechazados, sobre todo porque la sede no era la apropiada. Pero Sekul se empezó a desesperar y es aquí donde entran los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber. Ellos deciden contratar como asesor al exdiputado Aldo Cornejo. Así lo detalla el mismo Cornejo en su declaración ante la Fiscalía:
“Recuerdo que llegó al privado de Gabriel Silber un colega a quien yo conocía, que se llama Antonio Saavedra. Él venía acompañado del dueño de la empresa, don Josip Sekul, que estaba consorciada con los bielorrusos… me contaron lo que había ocurrido en relación al contrato con Codelco, no entraron en muchos detalles. Me comentan lo que CBM estaba haciendo en el contexto jurídico, que habían interpuesto un recurso de protección y éste no había sido acogido a tramitación o había sido denegado, no recuerdo bien. También me informaron que estaban viendo esto con Cancillería”.
La idea de concurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores formaba parte de una estrategia que buscaba atacar varios frentes. En este caso, una especie de movida geopolítica que alertara de un conflicto internacional dado que había inversionistas bielorrusos en el negocio. Pero nadie en la Cancillería picó con aquella táctica comunicacional. Entonces, los abogados avanzaron en el plan y buscaron influir, a principios de 2023, por el lado del ya exPresidente Piñera, quien recibió a Sekul en su oficina.
Días más tarde, en el funeral del exdirector de Codelco Isidoro Palma, Piñera sacó a un lado al actual presidente del directorio de la minera, Máximo Pacheco, y le preguntó: “¿De qué se trata este problema con Bielorrusia?” Pacheco le aclaró que era un contrato con una empresa chilena y que de bielorrusa tenía unos cuantos camiones y nada más.
El diseño también contemplaba sensibilizar al Parlamento, y por ello Codelco tuvo que ir a dar explicaciones a la comisión de minería.
En un momento, según declara el imputado Eduardo Lagos, surgió la propuesta de una mesa de negociación con Codelco. Pero no prosperó: CBM consideró que lo que ofrecía la minera estatal era muy inferior a lo que ellos consideraban correspondiente.
Ante ese portazo, viene una de las novedades reveladas por Lagos en su declaración: “Ahí creo que el señor Sekul cometió un error de contratar la asesoría de Jorge Pizarro hijo”. Se refiere al yerno de Máximo Pacheco, llamado Sebastián, en ese momento consultor comunicacional en una pequeña empresa. La idea de contratarlo se la dijo personalmente Josip: “Se debió exclusivamente por su vínculo familiar con el presidente de Codelco. Buscaba la ventaja de tener como negociador a un familiar… mejorando la oferta de Codelco al costo que fuera”.
Pacheco, cuando supo, se enfureció, algo que reconoce Lagos en su declaración. Y hasta ahí llegó la asesoría.
Estaba clarísimo que la posibilidad de revertir la situación del término del contrato entre CBM y Codelco -o al menos recuperar algo de los montos de las boletas de garantía ejecutados por la minera estatal- era difícil. La solución no estaba ni en el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, ni tampoco en el lobby con familiares, sino en un nuevo recurso de protección que, por procedimiento, tenía que terminar en la Corte Suprema. Aldo Cornejo declara que estuvo en desacuerdo con la idea, que hubo una reunión eterna, y que su sugerencia era pelear en sede arbitral. Pero no fue así. El recurso se presentó y “lo alegó Gabriel Silber”. Días después, Cornejo recibe una llamada de Eduardo Lagos: “A nosotros nos va a ir bien en el recurso de protección”.
Y no sólo les fue bien: tuvieron el fallo en sus manos un día antes de que se conociera. Y vino entonces un nuevo intento de convencer a Pacheco en un WhatsApp que le envía Aldo Cornejo: “Estimado Máximo, quería comentarte con anticipación que en las próximas horas será público el fallo de la Corte Suprema que acoge el recurso de Movitec y ordenará el pago. La empresa tiene toda la voluntad de resolver amistosamente este tema y evitar los ruidos que se pueden dar. Estamos totalmente disponibles. Gracias de antemano”.
A esas alturas, según los antecedentes que maneja la Fiscalía, la máquina estaba aceitada y los abogados de CBM empezaron a ganar los recursos cada vez que caían en la tercera sala presidida por Ángela Vivanco.
Todo funcionaba gracias a los favores de enlace que ejercía la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles. En algún momento, el abogado Mario Vargas había invitado a su amigo Migueles para que pasara por la oficina. Eduardo Lagos ya lo conocía.
Así se lee en la declaración del mismo Lagos: “El día previo a su venida a la oficina, Mario Vargas me dice estando presente también Gabriel Silber que este guatón -así se refiere a Gonzalo Migueles- puede sacarle el voto a la Ángela y que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa en la Suprema. A esta propuesta la reacción y respuesta de Gabriel fue ‘encantado’, y mi respuesta fue que ‘tú crees que este guatón chanta va a lograr algo así’”.
El “guatón chanta”, como le dice Lagos, lo logró. Según la Fiscalía, Vivanco no sólo los favoreció con sus fallos, también les sugería el tipo de recurso que debían presentar: “Y además, en otra ocasión Ángela Vivanco nos asesoró directamente para la tramitación del recurso de aclaración, rectificación y enmienda que después ella misma falló”.
Y más adelante remata: “Luego de esto lo pude corroborar consultando con un colega conocido. Esto era verdad, él lo había hecho y era una cuestión que era conocida en el medio: la venta de fallos de Vivanco”.
Primero se ordenó a Codelco devolver $ 11.000 millones, y como todo iba sobre ruedas, los abogados Lagos, Vargas y Silber fueron por más. Recibían los honorarios de CBM, pagaban lo pactado a Migueles, lavaban el dinero con depósitos a terceros, y en paralelo viajaban y asistían a reuniones sociales con la exministra Vivanco, acusan los fiscales.
“Esta investigación partió con sesgo”
La defensa de la exSuprema, en el último día de audiencia, estuvo marcada por una argumentación más emotiva que jurídica. El abogado Jorge Valladares volvió a insistir con la inconstitucionalidad de la detención, responsabilizó a la prensa por haber creado un ambiente en contra de Vivanco y criticó abiertamente al fiscal nacional.
En varios pasajes de su alocución señaló que tanto la Fiscalía como los otros querellantes concluyen a partir de inferencias apresuradas, hablando de una serie de falacias y errores metodológicos. “Esta investigación partió con sesgo”.
Y en algún momento subrayó la duda que da vueltas en todo este caso: por qué se imputa a la ex ministra Vivanco la conducta de cohecho en fallos donde hubo otros cuatro ministros o ministras que concurrieron con su voto. La respuesta la entregó la fiscal Witter y también en su momento el abogado de Codelco: “Da lo mismo que otros cuatro ministros hayan votado con ella, porque el cohecho no tiene que ver con el fondo del asunto, o sea, con que las resoluciones hayan sido correctas o incorrectas, sino con el hecho de que ella vendió su voto e intervino para alterar la tramitación normal del asunto, de manera que la causa se viera en días en que ella estaba presidiendo la sala”, señala López. “El cohecho no exige que la resolución que se adopte perjudique a alguien, incluso, aun cuando la resolución podría haber sido favorable para Codelco. Ella igual habría cometido cohecho al vender su voto”.
Es muy probable que este sea sólo el principio de la trama. Todavía no se ha iluminado todo el escenario y las traiciones entre protagonistas y secundarios son rudas. Basta escuchar la última frase del abogado defensor en su réplica:
“¿Y el imputado Silber?”, se preguntó. “¿Por qué no está formalizado? Recibió pagos importantes, él debería estar preso por eso, pero ni siquiera se ha pedido su formalización”.
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