Las aplicaciones móviles de transporte quedaron bajo mayor presión regulatoria en Argentina luego de que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenara que plataformas como Uber, Cabify y DiDi deberán cumplir con requisitos similares a los exigidos a taxis y otros servicios privados de transporte regulado.
La resolución judicial se da en medio de un conflicto que lleva diez años entre ambos sectores en el país, donde la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo resolvió que el Gobierno de la ciudad incurrió en una “omisión ilegítima” al no regular ni controlar de forma efectiva la actividad de las aplicaciones móviles.
El fallo surgió tras una demanda impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal (SPTCF) y otras entidades del sector, que acusaban competencia desleal frente a plataformas que operaban bajo exigencias distintas a las aplicadas al transporte tradicional.
Bajo ese escenario, expertos relativizaron un impacto operativo inmediato sobre las plataformas y señalaron que los principales efectos recaerían inicialmente sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con Marcelo Silvano, socio de Silvano Abogados, la sentencia “no está firme todavía”, pues aún debe ser confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, sostuvo que, por ahora, será el gobierno porteño el que deba avanzar en mecanismos tributarios para calcular y cobrar impuestos vinculados a la operación de las plataformas.
“El efecto va a ser para el gobierno de la ciudad. Va a dejar de recaudar aranceles de parte de los taxis y tendrá que poner toda su burocracia al servicio de cobrar impuestos ahora a las aplicaciones”, enfatizó.
Más allá de ello, abogados coincidieron en que el fallo también abre el camino hacia una regulación específica para las apps en la ciudad.
Héctor Massa, abogado experto en transporte de Massa Núñez Abogados, señaló que la resolución busca corregir el vacío legal existente entre taxis y plataformas digitales mientras no exista una legislación específica para este tipo de servicios.
“Al haber habido un vacío legal, lo que hace la cámara es tratar de encuadrar a Uber dentro de un contrato de transporte lícito”, afirmó.
A su juicio, la medida “equipara las condiciones de operación” entre ambos sectores, pero también abre el camino para una futura regulación específica de la actividad como se ha hecho en otras ciudades como Mendoza.
En ese sentido, Massa sostuvo que el fallo no implica la paralización inmediata de las plataformas, ya que “en definitiva, no pueden clausurarlas porque el propio fallo las considera como actividad lícita”.
¿Qué cambia para las apps?
Dado que el fallo busca equiparar las condiciones de operación entre taxis y aplicaciones de transporte, se determinó que los conductores que trabajen con dichas plataformas deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar operando en Buenos Aires.
Entre los principales requisitos figuran contar con licencia de conducir profesional, seguros específicos para transporte de pasajeros y cobertura para usuarios, conductores y responsabilidad civil.
A ello se suman controles y habilitaciones similares a las aplicadas actualmente a taxis y remises, además de futuras regulaciones que pueda dictar la ciudad.
Mientras dichas medidas no se implementen y persistan diferencias regulatorias entre ambos sectores, el gobierno porteño no podrá cobrar determinados aranceles a los taxistas.
En materia de publicidad y comunicación, el fallo también prohíbe promocionar aplicaciones no reguladas en espacios públicos y obliga a informar a los usuarios sobre los riesgos de utilizar servicios sin habilitaciones o medidas de seguridad exigidas.
Según Silvano, fiscalizar estos cambios en las apps de transporte será más complejo para la ciudad que en el caso de los taxis tradicionales, cuyos vehículos son fácilmente identificables por sus colores amarillo y negro, a diferencia de los conductores de aplicaciones que operan con automóviles particulares.
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Karen Flores
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