En su discurso a la nación, la presidenta Bachelet reafirmó una vez más su objetivo de llevar a cabo tres grandes reformas: la educacional, la tributaria y la constitucional. En este contexto, se destinaron largos pasajes de su ponencia a profundizar las medidas que serán impulsadas para alcanzar dicho objetivo. No obstante, poco o nada se escuchó sobre los mecanismos de prevención que serán utilizados para mitigar los enormes riesgos asociados a la implementación de estas medidas.
Su mensaje sobre los equilibrios macroeconómicos, remarcando que estos se mantendrán y que los aumentos en los gastos públicos permanentes irán asociados a ingresos permanentes, son noticias muy positivas. Al mismo tiempo, su Agenda de Energía, con metas concretas, así como su Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, son elementos que sin duda deben ser destacados. Sin embargo, existen otros elementos que preocupan, entre ellos el exceso de confianza en la capacidad del Estado para resolver los problemas, y los riesgos que implican las mega-transformaciones propuestas en plazos tan cortos.
En el mundo moderno las alianzas público-privadas han permitido solucionar de mejor manera las obligaciones que tiene el Estado con sus ciudadanos, lo que hoy llamamos los derechos sociales, como son la salud, la educación, la seguridad y la protección de las soberanías, entre otros. Al mismo tiempo, Chile no tendría el nivel de infraestructura vial, portuaria y aérea sino fuese por la inversión y gestión del sector privado, y la regulación y supervisión del sector público. En este sentido, el Estado no ha demostrado históricamente ser un mejor gestor que el sector privado, además de estar sujeto a la “captura” de recursos que hacen los grupos de interés. Así lo que preocupa es que muchas de las medidas anunciadas por la presidenta en materias de educación, salud y pensiones, entre otras, consisten en traspasar actividades que realiza el sector privado al Estado, lo que no garantiza que los problemas relacionados con estas materias se vayan a solucionar y, más grave aún, se corre el riesgo de quedar expuestos a los llamados “riesgos de cola”. Estos riesgos son poco frecuentes, pero de gran trascendencia.
Las transformaciones propuestas son complejas, de alto impacto, y están sujetas a riesgos de diseño e implementación. La experiencia pública y privada ha demostrado que cuando estos cambios se hacen en forma gradual los riesgos se reducen. Un ejemplo de esto fue la Reforma Procesal Penal que se implementó gradualmente en regiones, y que resultó ser un éxito. En el sector privado, en tanto, existen los planes pilotos en que se prueba un cambio, se miden sus resultados, se realizan las modificaciones pertinentes, y cuando se tienen los resultados deseados se aplica en forma masiva. En este sentido, las reformas simultáneas a la educación, en todos sus niveles y en todas sus dimensiones, junto con una Reforma Tributaria que es muy compleja y extensiva en términos de sus alcances, y un cambio constitucional que aún no se sabe cómo y ni de qué magnitud será, implican un aumento del riesgo para las inversiones del país con su consecuente efecto en el nivel de inversiones, el crecimiento y el empleo. En este escenario, tal vez valdría la pena recordar ese dicho que indica que “quien mucho abarca poco aprieta”.
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