“Aquí existe un juicio político donde se está acusando de manera distinta a distintos actores”. Esas fueron las primeras palabras que ayer emitió el ex ministro de Minería y Obras Públicas, Laurence Golborne, tras ser formalizado por delitos tributarios reiterados en el marco del caso Penta.
El ex secretario de Estado del gobierno de Sebastián Piñera arribó al Octavo Juzgado de Garantía dos horas antes de la audiencia, que estaba programada para las 10 horas.
Tras ingresar a la sala y saludar a los presentes, el jefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, explicó la procedencia de las boletas ideológicamente falsas que se le cuestionan a Golborne.
En total, fueron trece las facturas mencionadas por el persecutor: tres de Ripley; dos de la inmobiliaria Ecomac; dos del Banco BCI; una de CAP; una de Watts; una de Inversiones Paso Nevado; una de Caburga; una de Longovilo y una de Santa Virginia.
Ellas, y otras del grupo Penta, habrían sido emitidas para Vox Comunicaciones, VSA y Siglo Outsourcing, empresas que recibieron más de $ 378 millones por servicios no prestados y que estaban destinados a financiar la campaña presidencial del ex candidato de la derecha.
Tras la exposición de Guerra, tomó la palabra el fiscal especializado en delitos de alta complejidad, Pablo Norambuena.
El investigador acusó a Golborne de mentir en su primera declaración y no colaborar con la indagatoria, al desconocer que había recibido aportes de otras compañías, además de Penta.
“Faltó a la verdad”, aseguró Norambuena, antes de añadir que “fue desleal con la investigación y contestó de manera falaz” al ser consultado sobre montos entregados por empresas como Ripley.
Con esos argumentos el Ministerio Públicó afirmó que el ex ministro arriesga una pena efectiva de entre 3 años y un día hasta los 10 años de presidio.
Por ello solicitó las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Sin embargo, el juez Juan Carlos Valdés consideró la irreprochable conducta anterior y la colaboración con la investigación para desestimar la petición de la Fiscalía y sólo decretó la firma quincenal y el arraigo nacional del imputado.
“No he cometido delitos”
“Yo no me voy a escudar en lo que otros hicieron o en la situación que otros estén viviendo, yo asumo mi responsabilidad y estoy dispuesto a someterme a los tribunales para llegar a determinar que desde el punto de vista tributario yo no he cometido delito alguno”, dijo Golborne al término de la audiencia.
E insistió: “En mis declaraciones están claros los hechos que yo reconozco, sin embargo desde el punto de vista tributario la acusación que formula el Ministerio Público creo que no es correcta, yo no he cometido delitos tributarios”.
Quien también conversó con la prensa tras la audiencia fue el fiscal jefe Oriente, Manuel Guerra. El abogado comentó que si bien la intención del Ministerio Público era obtener el arresto domiciliario total de Golborne, quedaban conformes con la decisión del tribunal, pues se asegura la comparecencia del ex secretario de Estado para diligencias posteriores.
Respecto a la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento abreviado -rumor que corrió con fuerza en los días previos a la formalizació- el fiscal Guerra los descartó de plano. “Hoy no están dadas las condiciones para un juicio abreviado“, afirmó.
Suprema condena a ex ministro Carlos Cruz por su rol en el caso MOP-GATE
"Inhabilitado de manera perpetua para ejercer un cargo y oficio público". Así quedó Carlos Cruz, el ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, tras ser investigado durante trece años por su rol en el denominado caso MOP-GATE.
La decisión fue adoptada ayer por la Corte Suprema, luego de más de una década de diligencias e indagatorias a cargo de la ministra Gloria Ana Chevesich.
El fallo unánime, redactado por el ministro Milton Juica, señala que "estre tribunal no puede sino llegar a la convicción que en la especie se ha configurado el delito de fraude al Fisco ocasionado con las maquinaciones que se expresan claramente en el fundamento 22 del dictamen de primera instancia y que ocasionó al Estado un perjuicio efectivo de $ 799.142.217".
Y agrega que 13 funcionarios, del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la empresa Gestión Ambiental Territorial (GATE) "idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos que se destinaron a pagar honorarios no consultados en el presupuesto público y que el Fisco no estaba en el deber de solucionar".
Según se lee en el texto, además de quedar inhabilitado de por vida para asumir cargos públicos, Cruz fue condenado a tres años de presidio en calidad de autor del delito de fraude al Fisco en carácter de continuado.
Una situación similar afectó a Sergio Cortés, ex jefe de finanzas de la secretaría de Estado, quien fue sancionado con 5 años de presidio.
Los demás ex funcionarios indagados recibieron condenas que van entre los 30 y los 200 días de presidio.
Sin embargo, todos deberán cancelar una multa que asciende al 10% del monto defraudado.
En cuanto a la acción civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el máximo tribunal decidió que los involucrados deberán cancelar $ 799.142.217 a raíz del perjuicio que ocasionaron al Fisco.
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