A casi un mes de presentarse el proyecto de reforma a la educación que buscará avanzar en gratuidad y el fin al copago y la selección en el sistema escolar, el gobierno salió a zanjar uno de los principales puntos de controversia: el gasto involucrado en adquirir colegios particulares con fines de lucro.
Según el informe financiero del proyecto -evacuado por la Dirección de Presupuestos (Dipres)-, el Estado estaría dispuesto a gastar hasta
US$ 5.036 millones durante 12 años en adquirir infraestructura educativa a privados, a razón de
US$ 419,7 millones por año.
El cálculo, que según el documento se realizó en base a “estimaciones iniciales” del Ministerio de Educación, contempla la adquisición a los sostenedores particulares de colegios con fines de lucro, en base a la aplicación de los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios del proyecto que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado.
Impacto total en el presupuesto fiscal
Según el informe de la Dipres, el impacto fiscal de los artículos fundamentales (2 y 4) del proyecto ascenderá a US$ 937,7 millones en régimen, monto que se alcanzaría 10 años después de publicarse la ley.
Este cálculo se realizó bajo el supuesto de que se mantenga la matrícula de 2013 de los establecimientos educacionales subvenciones, que los colegios se incorporan “voluntariamente” a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y al Aporte de Gratuidad, “en la medida que los nuevos aportes superen los ingresos que obtienen pro financiamiento compartido”.
Dada su gradualidad, el impacto en las arcas fiscales irá aumentando en la medida en que se avance en la implementación del proyecto (ver tabla).
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