“El paro se debe acabar ya, porque son muchos los chilenos que hoy están pagando las consecuencias de esa movilización. El llamado es uno solo: el paro se debe acabar ya”. Así de enfática reaccionó ayer la ministra de Justicia, Javiera Blanco, luego de la primera reunión que sostuvieron ayer en dependencias de la cartera con la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz.
La señal era clara. Desde ahora se focalizarán en los sumarios, al agregar que “mes que no se trabaja, no se paga”, como también en la posibilidad de despidos.
En el gobierno no están dispuestos a ceder más, ni mejorar la oferta de $ 1.500 millones anuales para bonos por desempeños y metas, que se haría de forma escalonada hasta alcanzar 95% de grado de satisfacción del usuario que se cuantifica por medio de una encuesta que se realiza.
Nelly Díaz, en tanto, insistió en que la oferta es baja y que con este tipo de amenazas (sumarios, despidos, descuentos) “nada se iba a solucionar”.
Y acompañada por el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, la dirigente concurrió a las dependencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para asegurar apoyo en caso de que el conflicto termine perjudicando a los trabajadores. Ahí expusieron al Especialista Principal en Actividades con los Trabajadores de la Oficina de la OIT en Santiago, Carlos Rodríguez, su interés de iniciar un procedimiento de queja contra el gobierno producto de la paralización que sostienen por demandas de tipo salarial.