RN pide a la Contraloría que se pronuncie sobre ministros que declararían en querella de Bachelet

Las duras críticas que han expresado los parlamentarios opositores tanto a la presidenta Michelle Bachelet como al gobierno, a raíz de la presentación de la querella por injurias y calumnias en contra de la Revista Qué Pasa, llegarán hoy hasta la Contraloría General de la República, donde un grupo de diputados de Renovación Nacional presentará un escrito, solicitando un pronunciamiento del organismo ante una eventual “infracción al principio de probidad administrativa en que incurren los ministros de Estado y otros agentes públicos al colaborar en gestiones de carácter particular de la Presidenta de la República”.

La iniciativa de los diputados Paulina Núñez, José Manuel Edwards y Gonzalo Fuenzalida surge tras conocerse que el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, y la jefa de gabinete de la mandataria, Ana Lya Uriarte, declararían como testigos en el proceso que se iniciaría a partir de la querella persentada por la Presidenta.

La diputada Núñez, vicepresidenta de RN, explicó que la iniciativa surge, porque “hemos visto que como persona natural (la Presidenta) no está actuando. El vocero de gobierno es quien la defiende públicamente y quienes van a ser testigos en esta causa son funcionarios públicos.Por lo tanto, frente a estas dudas lo que queremos hacer por el bien de la ciudadanía es concurrir al máximo órgano contralor” para que se pronuncie.

Mientras tanto, a través de una declaración pública, la Asociación Nacional de la Prensa señaló que “radicar este debate en el ámbito judicial -solicitando penas de cárcel para periodistas- constituye un mal precedente y un grave retroceso en materia de libertad de expresión e instamos a recurrir a un órgano calificado como es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación para extraer de este episodio conclusiones que enriquezcan el debate público”.

Y, desde Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa calificó de “intención de amedrentar y abuso de poder” la acción judicial presentada por la presidenta Bachelet.