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REGÍSTRATE AQUÍPor: Por Víctor hugo moreno
Publicado: Martes 22 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, inauguró ayer- con un encuentro con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja- una serie de reuniones con el mundo político, académico y jurídico, en vías de establecer instancias abiertas de diálogo e información sobre la demanda por salida soberana al mar de Bolivia en La Haya.
El canciller clarificó que la estrategia chilena contará con dos aristas bien definidas: una jurídica y otra política. Éste último ítem, según algunos expertos, fue un flanco débil en el anterior proceso que vivió nuestro país con la demanda peruana. Así, el gobierno chileno ha definido que no se pueden descuidar los aspectos políticos en vías de generar una defensa integral: “Hay dimensiones políticas y comunicacionales. Vamos a utilizar todos los recursos, para defender el interés nacional. Evidentemente este es un caso que trasciende meramente lo jurídico”, clarificó.
Otra de las conclusiones del encuentro, es que sigue tomando fuerza -como ya se está evaluando en el Comité Asesor- la idea de impugnar la competencia del tribunal internacional. Pero, ahora se habló de una nueva fórmula: presentarla en la misma contramemoria y no en el plazo de 90 días que se tiene para ello. La razón apuntaría a establecer de una sola vez los argumentos de fondo que tiene Chile. “Muchos creemos que la Corte de La Haya no tiene competencia para obligar a una nación a negociar y hacerle ceder territorio. Esta puede ser planteada en los 90 días o bien ir al fondo del asunto y plantearla en la contramemoria que pueda presentar Chile”, dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud.
Otro de los puntos que se conversó en la reunión es que la memoria boliviana, pese a que aún no se conocen todos sus detalles, cuenta con argumentos que demuestran un buen nivel de asesoramiento jurídico.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
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