Cuando gran parte de las miradas están puestas en el alza de los combustibles, el Gobierno continuó con la estrategia de retirar de tramitación en el Congreso proyectos de la administración de Gabriel Boric, que no concitan el acuerdo del sector. El primero fue el de negociación colectiva ramal y esta vez fue el turno de la Ley de Pesca, cuyo corazón ya entró en vigencia con la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero.
A través de un oficio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Gobierno de Chile, que se filtró a la prensa, se asegura que “la acción sometida a la opinión del Consejo Nacional de Pesca consiste en retirar el proyecto con el fin de someterlo a un proceso de estudio y perfeccionamiento, y no en desecharlo en su totalidad”.
Por ello, las autoridades correspondientes optaron por modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lugar de tramitar una nueva normativa, lo que “responde a la necesidad de contar con una respuesta normativa oportuna, eficaz y jurídicamente cierta”, se argumenta en el texto de cuatro carillas, pues “el marco vigente ya contiene los principios, instrumentos de manejo e institucionalidad fundamentales”, agrega, y sus principales deficiencias “son de carácter operativo y se vinculan a problemas de implementación, dispersión normativa y superposición de competencias”.
En este contexto, se indica que reformas focalizadas mediante proyectos separados permitirán abordar las materias más relevantes, como son el enfoque sistémico del proyecto; modificaciones relevantes en los porcentajes y mecanismos de deducción de la cuota global de captura; nuevas reglas para las subastas, incluyendo la revisión de sus bases por la Fiscalía Nacional Económica; la creación de un Fondo de la Pesca Artesanal, financiado principalmente con recursos provenientes de subastas, destinado a programas de incentivo, especialmente en materia previsional; y, la investigación, manejo, gobernanza e institucionalidad pesquera.
Reacciones
De inmediato comenzaron las reacciones en el Congreso. De hecho, el senador Daniel Núñez (PC) señaló que al retirar esta iniciativa, el Gobierno estaría “avalando la corrupción que se generó y que acompañó toda la tramitación de la llamada Ley Longueira” y, desde su punto de vista, esto constituye “otra señal” de que la prioridad del Ejecutivo “es apoyar a las grandes empresas”.
Y su par del Frente Amplio senador Diego Ibáñez, junto con aludir también a la llamada Ley Longueira, advirtió que el actual Gobierno “no quiere ser parte de la solución, sino parte del problema” y aseguró que no le extraña que se termine retirando una iniciativa que “lo que hicieron durante toda su tramitación fue boicotearla”, recordando que el diputado de la UDI Sergio Bobadilla “presentó más de 200 indicaciones para retrasar la aprobación de este proyecto”.
Ibáñez, además, señaló la importancia de que el Congreso fiscalice el eventual “conflicto de interés” que enfrentaría el subsecretario de Pesca Osvaldo Urrutia, quien habría prestado servicios a Sonapesca, “que es justamente el privado que está boicoteando la aprobación de esta ley”. Y enfatizó que “no puede ser razonable, ni ético, ni legítimo que el ente regulado hoy pase a ser el ente regulador”. Por otro lado dijo que su sector conversará con el resto de las bancadas para coordinarse y buscarán para que el debate se active.
Por su parte, el aludido por Ibáñez, diputado Bobadilla, celebró la decisión del Ejecutivo, porque “el actual proyecto genera cesantía, pobreza, incertidumbre desde el punto de vista jurídico”, recalcó que en defensa de la medida del Gobierno.
El diputado comunista Luis Cuello definió la medida como “un golpe bajo a la pesca artesanal”, subrayando que como efecto del retiro del proyecto “se mantiene la Ley Longueira, que nació como producto del cohecho (…) que tuvo parlamentarios condenados e incluso una empresa, Corpesca”, enfatizó.
Desde el Partido de la Gente (PDG), el jefe de la bancada de diputados Juan Marcelo Valenzuela, señaló que la situación que se produce este jueves es que “no deja con la actual Ley Longueira, que está muy cuestionada, que tuvo casos de corrupción como el tema Corpesca” y enfatizó que deja a su partido muy preocupado. Y advirtió que lejos de generar un “buen clima” este tipo de decisiones del Gobierno “van en la dirección contraria”, por lo que le exigió una “muy buena explicación” al Ejecutivo.
Aun cuando el diputado Mauro González (RN) reconoce la facultad del Gobierno de retirar el proyecto, asegura que “nosotros apoyamos con fuerza el fraccionamiento y esperamos que así se mantenga, especialmente en los sectores del sur de nuestro país”.
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