Mientras el Presidente José Antonio Kast decidió tomar en sus manos el ordenamiento de su sector tras el proyecto de reactivación económica, la Segpres también se tomó en serio la necesidad de conversar con la oposición, especialmente con los sectores que el Ejecutivo estima más moderados como el Socialismo Democrático.
Por esta razón, el ministro José García Ruminot almorzó el martes con los diputados del PPD y este miércoles se reunió con los del Partido Socialista (PS). La consigna parece ser evitar por todas las vías posibles que se repita el escenario de la reforma tributaria de Gabriel Boric.
Ese fantasma ronda en el oficialismo desde el anuncio del ingreso de la iniciativa, que se ha ido postergando reiteradamente con el afán de asegurar los votos para aprobar la idea de legislar. De ahí que el Ejecutivo haya aceptado la solicitud del PS de juntarse a conversar, pese a que hace unos días, la mesa de la colectividad había suspendido una cita con la Segpres, aduciendo razones de agenda.
Así las cosas, en paralelo a las gestiones del gobierno para asegurar los votos para su proyecto emblema, la oposición ha aumentado la presión anunciando iniciativas que mitiguen los efectos del alza de los combustibles o que contribuyan a capear mejor la compleja situación económica y estrechez fiscal, pues estiman que el proyecto de reactivación no tiene beneficios para este sector social. Una mirada que incluso comparten en Chile Vamos.
Derogar decretos por Mepco
El primero de estos proyectos, es el que la semana pasada ingresó el diputado comunista Luis Cuello y que este miércoles generó la molestia del legislador con la mesa de la Cámara, debido a que esta jornada se dio cuenta del ingreso a trámite de una serie de iniciativas ingresadas con posterioridad a la suya que, sin embargo, no ha sido incluida en la cuenta de las sesiones de esta semana.
La de Cuello es una reforma constitucional de artículo único que deroga el decreto N° 103 exento del Ministerio de Hacienda, del 20 de marzo de 2026, que determina el número de semanas para el cálculo del precio de paridad de importación de los combustibles derivados del petróleo que indica, de acuerdo a la ley No 20.765; el decreto N° 91 exento del Ministerio de Energía, del 25 de marzo de 2026, que determina los precios de referencia para combustibles derivados del petróleo; el decreto N° 92 exento del Ministerio de Energía, de 25 de marzo de 2026, que fija precios de paridad para combustibles derivados del petróleo; y el decreto N° 107 exento del Ministerio de Hacienda, del 25 de marzo de 2026,
que determina el componente variable para el cálculo del impuesto específico establecido en la ley N° 18.502; que reajustaron el precio de los combustibles vigente hasta el día 25 de marzo de 2026.
El artículo, también prorroga los decretos vigentes al 25 de marzo de 2026 y establece que esta se extenderá hasta la dictación de los respectivos decretos, cuya aplicación en ningún caso tendrá como efecto la determinación de precios de los combustibles derivados del petróleo, en valores superiores a los vigentes el 25 de marzo de 2026. “Este régimen transitorio se extenderá por el plazo de seis meses, contados a partir de la publicación de la presente reforma, que podrá ser renovado por el mismo término por el Presidente de la República”, señala.
Y concluye que si la aplicación de esta reforma o de la Ley que crea el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) demanda recursos complementarios, deberán ser financiados con cargo al Fondo de Estabilización Económico y Social contemplado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2007 del Ministerio de Hacienda.
Sanciones, contrapropuesta y pensiones
Por otro lado, este miércoles la diputada Gael Yeomans (FA) presentó un proyecto que busca combatir la informalidad laboral, fortaleciendo la fiscalización y las sanciones a empresarios que contratan sin papeles.
En tanto, el diputado Jaime Mulet (FRVS) hizo una “contrapropuesta” al proyecto del gobierno. Lo que plantea el legislador, en contraste con el corazón de la iniciativa del Ejecutivo, es subir el impuesto corporativo a 30% e integrarlo en un 100%, de manera que sirva para descontar los retiros del global complementario de las personas naturales. Adicionalmente, propone una invariabilidad tributaria de “al menos” diez años y repatriación de capitales con 0% de impuestos, siempre que estén sujetos a proyectos de vivienda, salud o educación.
Mientras que un grupo de diputados opositores, liderados por el socialista Juan Santana, presentaron un proyecto que establece la incompatibilidad de pensiones de retiro con remuneraciones de altos cargos públicos. La iniciativa apunta a los exuniformados que llegaron al Congreso o los que actualmente ocupan cargos en el Estado. Por ello le pidieron al Presidente José Antonio Kast que le ponga urgencia a la iniciativa para terminar con este “privilegio injusto”.
CAE, TAG y peajes
La diputada Ana María Gazmuri (PAH), entre otros, presentó un proyecto que denominó “Ley Pago Justo del CAE”. La iniciativa propone incorporar el concepto de capacidad de pago ajustada, que obliga a evaluar integralmente la situación socioeconómica de cada deudor; establecer que los cobros se realicen exclusivamente por la vía judicial, garantizando debido proceso; suspender cualquier acción de cobro en curso cuando se solicite un convenio; y habilitar medidas de alivio como reducción de deuda y facilidades de pago.
Además, un grupo transversal de diputados opositores presentó un proyecto de resolución en el que se solicita a Kast que haciendo uso de las atribuciones del Ejecutivo se rebajen los precios del TAG y los peajes.
Por último, el diputado Luis Cuello (PC), junto a sus pares de la DC Patricio Pinilla, Frente Amplio Gael Yeomans, el socialista Juan Santana y el comunista Boris Barrera, presentó un oficio para exigir al gobierno que transparente los beneficios económicos que percibirían tanto el Presidente Kast como algunos de sus ministros, con la rebaja de impuestos contemplada en el proyecto de reactivación económica.
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