El Servicio de Impuestos Internos (SII) continúa en su tarea de reforzar la lucha contra el crimen organizado que trae de la mano la comisión de delitos tributarios.
La investigación reveló que entre 2019 y 2024 otro de los querellados no presentó sus declaraciones anuales de renta, pese a que habría adquirido 21 vehículos por más de $ 193 millones, con el objeto de esconder sus ingresos.
En uno de los más recientes golpes al comercio ilícito, el organismo ingresó una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo en contra de una organización delictual, conocida como “Los emprendedores”, que se dedicaba a los delitos de robo y comercialización ilegal de camiones y maquinaria, lo que tenía como derivada la presentación maliciosamente falsa de declaraciones anuales de renta y de IVA mensual.
La acción apunta contra siete individuos y fue fruto de un trabajo conjunto entre el SII, a través de su Oficina contra el Crimen Organizado (OCRI) y la Subdirección Jurídica, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.
El caso nace en noviembre del 2024, cuando la recién creada OCRI comenzó un trabajo colaborativo con la PDI que, a través de su Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal (Biroincri), inició un procedimiento en un terreno en San Bernardo, perteneciente a uno de los integrantes de la banda delictual.
Luego de esta acción, el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de San Bernardo solicitó el apoyo de la oficina de Impuestos Internos para contribuir en la investigación del caso, mediante el análisis de la información de 33 presuntos integrantes de esta organización delictual, así como de otros involucrados.
La directora (s) del SII, Carolina Saravia, enfatizó que “el trabajo desarrollado en este caso confirma que como institución mantendremos nuestros esfuerzos para contribuir al combate contra el crimen organizado, lo que ya nos ha permitido presentar denuncias y querellas penales en casos como el robo y comercialización ilegal del salmón y la detección de proveedores del comercio informal”.
Modus operandi
Mediante el análisis de Big Data, el SII detectó las relaciones comerciales, societarias y familiares que existirían dentro de la banda, gracias a la revisión de los documentos tributarios emitidos por las sociedades involucradas, como guías de despacho y facturas electrónicas.
En paralelo, la OCRI realizó un análisis patrimonial, de activos y de inversiones de todos los presuntos integrantes de la banda, con lo que se logró identificar los ingresos declarados y las compras de alto valor realizadas en períodos específicos, confirmando así que estas personas tenían ingresos sin justificar.
El análisis del SII permitió también identificar la dilución patrimonial que existía desde los líderes de los tres clanes familiares con sus hijos.
La subdeclaración
La acción penal revela adicionalmente parte de los movimientos mediante los cuales los involucrados buscaban defraudar al Fisco.
Por ejemplo, en una sociedad dedicada al transporte de la maquinaria robada se constató que entre 2021 y 2022 el administrador y los representantes legales presentaron sus declaraciones de renta de manera maliciosamente falsa, al subdeclarar sus ingresos. Así, en 2021 no se declararon los montos con los que habrían comprado vehículos por $ 20.108.600 en otras inversiones.
Además, se verificaron declaraciones maliciosamente falsas en el caso de una sociedad comercializadora creada por la banda. Entre los años tributarios de 2019 a 2024, un socio y representante legal presentaron la declaración anual de renta de la empresa en forma maliciosamente falsa, al subdeclarar los ingresos con los que habrían adquirido 30 vehículos por un monto total de $ 254.809.696.
Entre 2019 y 2024, la investigación reveló que otro de los querellados no presentó sus declaraciones anuales de renta, pese a que habría adquirido 21 vehículos por un monto total de $ 193.431.729, con el objeto de esconder sus ingresos, evadiendo la declaración y pago de los impuestos correspondientes.
Otro de los querellados presentó maliciosamente sus declaraciones anuales de renta entre 2019 y 2024, al reportar menores rentas con las que habría adquirido 37 vehículos por un monto total de $ 323.897.585, disminuyendo tanto su base imponible como los impuestos correspondientes.
La querella también da cuenta de que, para facilitar el traslado de la maquinaria dentro del territorio nacional, miembros de la banda, utilizando su propio RUT o recurriendo a testaferros, constituyeron sociedades de fachada para obtener guías de despacho electrónicas. Esto les permitió realizar los traslados preparados y no levantar sospechas durante eventuales fiscalizaciones, desde los lugares de acopio hasta las instalaciones de los destinatarios finales.
Estas sociedades también fueron empleadas para la emisión de facturas electrónicas que, posteriormente, eran presentadas con el fin de inscribir la maquinaria de origen ilícito en el Registro de Vehículos Motorizados. Considerando que las maquinarias eran comercializadas en distintas zonas del país, parte de los querellados constituyeron en febrero de 2019 una sociedad, declarando inicio de actividades con el giro de “transporte de cargas, compra y venta de vehículos y repuestos”.
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Sebastian Valdenegro
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