El ex fiscal Alejandro Peña confirmó a través de una carta su renuncia al cargo de jefe de la División de Estudios Ministerio del Interior, la cual se enmarca en un reportaje que publicó Ciper Chile sobre irregularidades en torno a la licitación de equipos para detectar drogas.
El documento expone en tres puntos los principales alcances de su renuncia:
Primero: revisados los antecedentes de las mencionadas licitaciones que estas se ajustan a derecho. Sin embargo en un análisis de la publicación de Ciper es probable de sostener que habríamos sido víctimas de colusión entre dos empresas para aumentar indebidamente el precio a pagar, hecho que de materializarse sería un perjuicio al interés público y al patrimonio fiscal. Lo que debería ser investigado en la sede pertinente".
Segundo: Por otra parte, según dan cuenta las comunicaciones entre ellas y que dicho medio de comunicación percibe, de existir irregularidades habrían sido cometidas por personas ajenas a esta división ya que consultado a Felipe Baeza, me indica que no conoció al adquiriente sino una vez iniciado el proceso de adjudicación al concurrir a la prueba en terreno".
Tercero: Si bien no participé directamente de dichos procesos, como jefe de esta división de estudios creo oportuno y prudente en especial por lealtad, aprecio y respeto, presentarle mi renuncia al cargo de jefe de esta división, por cuanto fueron profesionales de mi dependencia quienes llevaron adelante dichos procesos presentados mediáticamente en la forma que se ha hecho han generado un detrimento a la imagen de esta cartera de estado".
Según un reportaje de Ciper, el Ministerio del Interior adquirió 52 densímetros, equipos clave para detectar drogas, a un precio de $ 23,4 millones por cada uno, en circunstancias que el fabricante estadounidense de esos equipos los vende a US$ 9.000 (unos $4,3 millones).
Esa licitación, que involucró un gasto total de $1.218 millones, se realizó en conjunto con otro proceso de compra para proveer 52 fibroscopios -equipos flexibles para revisar ductos o compartimentos de difícil acceso-, por los que el Ministerio del Interior comprometió una suma global de $615,7 millones.
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