La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y la directora de Junaeb, Camila Rubio, precisaron que los montos considerados en la llamada deuda flotante del sector educación se explican principalmente por el sistema de contabilidad utilizado por la Junaeb. En específico, señalaron que la entidad establece como cuentas por pagar aquellos anticipos pagados a los proveedores del servicio de alimentación escolar.
Según ambas personeras, el cambio en el sistema fue instruido por Contraloría General de la República, "cuyo efecto se refleja en las cifras de deuda flotante correspondientes a 2022 y 2023".
De acuerdo por lo detallado por Educación, para asegurar la continuidad y correcta entrega del servicio de alimentación, Junaeb realiza anticipos a las empresas proveedoras, los cuales se encuentran reflejados en sus contratos. "Contablemente, estos anticipos se registran como devengados y en cuentas por pagar y, en paralelo, se reconocen en una cuenta de anticipos", dijeron.
"Esta cuenta de anticipos constituye el principal componente de la deuda flotante observada en los años recientes, pero en la práctica corresponde a recursos ya desembolsados por Junaeb en ejercicios anteriores. Dichos registros se regularizan administrativamente una vez certificadas las raciones efectivamente servidas, momento en el cual se produce el cierre contable", indicaron Arratia y Rubio.
Por lo tanto, "la deuda flotante no representa deudas efectivas impagas, sino registros contables que se ajustan al validar los servicios efectivamente prestados. A modo de ejemplo, en 2022 las cuentas por pagar totalizaron $731.209 millones, de los cuales $718.827 millones correspondían a anticipos ya pagados. La deuda real (ya pagada) ascendía en ese entonces a $12.382 millones", acotaron las personeras.
En consecuencia, "en el caso de Junaeb no existen atrasos en los pagos a los proveedores; por el contrario, los recursos han sido transferidos oportunamente", afirmaron.