Por Equipo Economía
Ocho años lleva en operación el sistema ChileCompra, encargado de las licitaciones y compras del Estado. Durante este período, si bien muchos reconocen que marcó un hito en la gestión gubernamental e incluso lo consideran revolucionario, con el tiempo se ha planteado la necesidad de perfeccionarlo, mientras otros más críticos señalan que se debe realizar una reestructuración de manera de aumentar la competencia entre los postulantes.
En esta línea, la actual administración del presidente Sebastián Piñera asumió que deben tomarse algunas cartas en el asunto. Así, ya se han impulsado una serie de cambios que apuntan a perfeccionar y transparentar los contratos. En este punto, explica el director de ChileCompra, Felipe Goya, “la idea es mejorar la competencia del mercado público e incrementar la eficiencia de los procesos administrativos del Estado”.
Entre las modificaciones para transparentar el sistema se encuentra la apertura de la oferta técnica que actualmente, es -al menos- un 50% de la información que se utiliza para evaluar las licitaciones. El objetivo es que los proveedores sepan al final del proceso, por qué no se adjudicaron la licitación.
Hoy casi el 90% de las licitaci nes cuenta con el sistema de oferta técnica abierta, lo que según cifras del gobierno, permite que más empresas participen de las licitaciones públicas, lo que redunda en una mejor distribución entre quienes se adjudican los procesos.
Asimismo, Goya recalca que se puso en marcha un nuevo reglamento que tiene por objetivo flexibilizar los requisitos a los proveedores, lo que también incorpora a nuevos oferentes, eliminando restricciones tributarias que, hasta 2009, les impedían que tuvieran algún tipo de deuda para pertenecer al registro. Según Goya esta modificación permite que se pueda tener una deuda de hasta 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que permite tener hoy en el registro a cerca de 100 mil proveedores transando en el sistema, ocho mil más que hace un año.
Pero los cambios al sistema no han sido suficientes para acallar las críticas a su funcionamiento, entre las que se encuentran los requisitos excesivos para postular, como la experiencia previa y capacidad financiera. Pero ante estas voces el director de ChileCompra, pone paños fríos y afirma: “Muchas de esas alertas son a veces mitos”, aunque admite que algunas pueden ser “un poco más reales”. Y advierte que en términos generales, lo que dice relación con la experiencia previa no es un factor que hoy en día este incluido en las bases de licitación. “Los servicios públicos cada día incluyen menos la experiencia previa, una cosa distinta es que la puedan calificar, es decir, si tienes más experiencia puede que tengas mayor puntaje, pero como requisito de entrada hoy prácticamente no está”.
Longueira, sus críticas y propuestas al sistema
Desde la misma vereda, pero con una visión contrapuesta, el senador Pablo Longueira (UDI), asegura que el sistema tiene vicios que afectan “al emprendimiento en Chile”. Dice que las exigencias que hoy se piden a los postulantes son “absurdas y ridículas” y afirma que los requisitos se ponen para que “las licitaciones se lleven con nombre y apellido”. Asimismo, plantea en duros términos que la solicitud de experiencia “para cualquier cosa, es innecesaria, además de pedir plazos carentes de todo sentido”.
Por ello, el senador tiene previsto presentar en junio próximo al Congreso un proyecto que establece una ley marco para todas las licitaciones públicas, de las empresas estatales y de los municipios. La iniciativa pretende separar la etapa técnica de la oferta económica, porque según sus cálculos “cerca del 70% de las licitaciones en Chile están pre-asignadas, bajo una cantidad de subterfugios que hace que el objeto de muchas de éstas pueda llegar a los menos posibles y no a los más posibles”.
En su propuesta, plantea que se separe la fase técnica de la económica. “No debe haber ponderación en el proceso, porque si en el período de clasificación técnica se considera apto para adjudicarse la licitación, viene la segunda fase donde se dice cuánto va a cobrar”. Explica que “entonces ahí se levanta el acta con las ofertas económicas y se adjudica el más barato para el Estado o el que paga más si se trata de una venta”.
Otro punto que agrega Longueira en su proyecto es la ampliación de los plazos para quienes en el proceso cometen “errores involuntarios” con los que quedan fuera del proceso. “En la parte técnica, dice el proyecto, se abre un plazo para quienes han cometido errores que no afectan el buen servicio de lo que se está adjudicando, le doy plazos, para que hayan más y no menos”.
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