patrimonio y transparencia
En este ítem, desde todos los sectores apuntan a establecer mayores rangos de transparencia en la actividad política y también privada. Así, la bancada DC plantea la necesidad de instaurar la declaración de patrimonio e intereses como una exigencia obligatoria y cabal de directores y ejecutivos de todas las empresas que transen bienes públicos, pidiendo partir dicho proceso por las Isapres y AFP(s). Por su parte, el grupo de senadores considera necesario consagrar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en la Constitución. Así, también, ahondan en el establecimiento de nuevos códigos de ética que sean vinculantes para funcionarios públicos. Además, plantean modificar la composición de las comisiones de ética del Senado y la Cámara Baja, incorporando en ellas a personas de prestigio público. Por su parte, la iniciativa PC-IC apuesta por establecer la nulidad de actos ejecutados por personas con conflictos de interés. Por ejemplo, se podría anular la votación de un parlamentario, si se comprueba después de efectuada que tenía intereses creados en dicha ley. En materia de probidad, solicitan la creación de una oficina permanente de monitoreo de declaración de intereses y patrimonio. Por último, plantean una rebaja de al menos un 10% en las rentas de altos funcionarios del Estado y de cargos de representación popular.
EMPRESAS Y FISCALIZACIONES
El gobierno ha enfatizado que el nuevo marco regulatorio deberá abarcar no sólo a funcionarios públicos, sino que también y con la misma relevancia al mundo privado. En ese sentido, la iniciativa del PC-IC detalla en gran parte del texto que entregaron a la Presidenta las áreas del mundo privado que se deberían regular. Por ello, por ejemplo, mencionan cambios a la Ley de Mercados de Valores, con el fin de sancionar penalmente las conductas dirigidas a socializar las pérdidas y acumular individualmente las ganancias. En un plano general, proponen poner fin a todas las malas prácticas empresariales, apuntando también a una mayor regulación de las Isapres y AFP(s) y prohibir que el retail pueda, además, entrar al negocio de la banca. En tanto, la iniciativa de los senadores, establece incorporar en el sector privado códigos de conducta y buenas prácticas para mejorar y transparentar las relaciones con autoridades políticas y administrativas. La bancada DC anota un punto en particular, cual es la creación del registro obligatorio de las empresas que desarrollan actividades de lobby.
En el plano de los órganos fiscalizadores, las iniciativas apuntan a dar un mayor poder al Servel, con amplias facultades. Los senadores proponen transformarlo en un órgano con autonomía constitucional, con atribuciones propias de una superintendencia.
CAMPAÑAS Y PARTIDOS
La bancada DC y la dupla PC-IC, tal como lo estableció el gobierno en el proyecto que envió al Parlamento el año pasado, especifica el fin del aporte de empresas a las campañas políticas. En ese plano, la propuesta de lo senadores Isabel Allende (PS), Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI), Patricio Walker (DC) y Alberto Espina (RN) señala que se "debe consagrar un sistema de financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales de naturaleza público/privada, asegurando que todo ingreso que reciban los partidos y candidatos tenga un origen conocido, publicitando su fuente y limitando el tope del gasto". También apuntan a ampliar la Ley del Lobby a los partidos políticos, para conocer las reuniones de todos sus dirigentes con grupos de interés y presión. En lo que sí existe coincidencia es en el financiamiento público de las campañas y los partidos; ello, proponen los parlamentarios DC, de una profunda reformulación de las normas que regulan la existencia y funcionamiento de los partidos políticos. La propuesta del PC-IC agrega una disminución considerable del techo del gasto electoral para igualar las fuerza de relaciones y establece la obligación de publicar el partido o pacto al que pertenece cada candidato. Por su parte, el senador Ricardo Lagos-Weber (PPD) propone que las elecciones internas de los partidos sean también fiscalizadas por el Servicio Electoral (Servel).
mayores sanciones
La pérdida del escaño y la prohibición de postular a cargos de elección popular a personas que hayan sido condenadas por delitos que afecten a la probidad pública, es una idea que comparten los diputados de la bancada DC y el grupo transversal de senadores. Los diputados falangistas apuntan, eso sí, más allá, y solicitan la revisión de las penas aplicables a los delitos económicos y tributarios. En ese plano, los legisladores piden más atribuciones a los fiscales y un aumento en el plazo del secreto de los contenidos de las carpetas investigativas, con el fin de mantener la independencia de la Fiscalía y que ésta no sea sometida a presiones. Para las autoridades públicas se concuerda en duras sanciones para quienes también incurran en negociaciones incompatibles, además de aquellos legisladores que voten o promuevan asuntos en que haya algún conflicto de interés, como se señala en la iniciativa de los senadores, que también plantea sancionar a los partidos políticos que tengan "militantes fantasmas" dentro de sus filas. El grupo PC-IC apunta a la pérdida del cargo de cualquier funcionario que incurra en alguno de estos delitos, y especifica que se debe penalizar el uso se cualquier subterfugio para recibir recursos de empresas que bajo la nueva ley de financiamiento de la política estarían completamente prohibidos. Además, buscan aumentar penas para los delitos de cohecho, colusión y prácticas monopólicas.
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