Un nuevo factor entró en la discusión sobre el impacto fiscal de la ley de reactivación y reconstrucción nacional enviada por el gobierno al Congreso. Se trata del primer balance que entregó el director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, respecto de los esfuerzos de ajuste fiscal que ha desplegado el Ejecutivo, que el 16 de marzo instruyó a todos los organismos estatales aplicar un recorte parejo de 3% en sus erarios, con el foco en recortar US$ 3 mil millones este año, además de requerir un esfuerzo adicional de US$ 1.000 millones a través de la contención de gasto vía el control del denominado fraude social.
En el marco de la sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara del miércoles, el ingeniero reveló que a la fecha han logrado recortar el gasto en US$ 1.984 millones, cerca de la mitad del compromiso.
Gómez explicó que el ajuste tiene un carácter de permanente. O sea, que se repite en todos los años del horizonte de proyección. A esto agregó que la mayoría de los recortes se relacionan con gastos administrativos, revisiones de contratos y cruces de datos entre distintas instituciones del Estado que permiten ahorros para el Fisco. Y que, hasta el minuto, no han tocado las carteras de Defensa y Seguridad, tampoco en su totalidad a los beneficios de los sectores sociales ni a los organismos autónomos.
“Eso establece entonces el ajuste fiscal como una de las fuentes de financiamiento de este proyecto de ley”, dijo el director de la Dipres ante diputados.
“Eso establece entonces el ajuste fiscal como una de las fuentes de financiamiento de este proyecto de ley”, dijo el director de la Dipres.
Aquella definición no es menor, ya que implicaría que en los dos primeros años de implementación de la nueva ley solo el efecto del ajuste fiscal permitiría balancear el impacto negativo de las reducciones de impuestos sobre las finanzas públicas, incluso sin considerar el aporte del mayor crecimiento económico.
El tercer año se compensaría en parte ese efecto, quedando un saldo sin financiar en torno a US$ 644 millones (ver tabla).
La misión de hacerlos permanentes
La exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, recalcó que la presión por materializar el ajuste no solo está dado por este proyecto de ley, por lo que valora que desde ya se ponga el acento en el recorte del gasto fiscal: “Recordemos que en la última actualización de finanzas públicas, de febrero, aun presentaba gastos, como el reajuste, no contemplados e ingresos sobrestimados, por lo que la realidad fiscal puede ser más delicada y sin duda pueden golpear los objetivos de metas fiscales”.
La directora del CEF de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, planteó que el recorte de gasto es “totalmente factible” en términos numéricos: “Entre 2019 (antes de los efectos de alza y caída de gasto de la pandemia) y 2025, el gasto en burocracia aumentó en US$ 5.300 millones sin que exista una justificación clara para ese aumento tan significativo. Por otra parte, existe espacio para racionalizar el gasto en subsidios controlando el fraude”.
Este recorte del gasto hace “viable” financieramente el proyecto presentado, sostuvo la economista senior de LyD, Macarena García: “Si no hubiera este recorte, tendríamos mayor déficit y presión sobre las finanzas públicas y la deuda. Esta es una forma de compensar los menores ingresos iniciales del proyecto”.
El economista jefe de Banco Santander, Andrés Sansone, cree que una reducción del gasto en torno a US$ 2 mil millones es “más alcanzable” en virtud de las presiones de gasto que enfrenta el Fisco. “Por otro lado, hay incertidumbre respecto de la temporalidad y magnitud de los mayores ingresos fiscales asociados al bono de crecimiento. Dado lo anterior, los US$ 2 mil millones podrían resultar insuficientes, considerando que el informe financiero proyecta menores ingresos de las medidas con efecto con gasto y rebajas tributarias por algo más de US$ 3 mil millones en los próximos cinco años”.
El director ejecutivo de la Fundación Casa Común e integrante del grupo de economistas de la Red de Centros Progresistas, Eugenio Rivera, es más enfático, argumentando que habrá reducciones “ciertas” de ingresos fiscales por las bajas de impuestos, frente a reducciones de gastos “acotados y difíciles de lograr”. Añadió que un reciente estudio de Laura Kawano y otros (How taxes affect growth: evidence from cross‑country panel data) concluye que no existe una relación “estadísticamente significativa” entre cambios en la tasa impositiva y cambios en el crecimiento económico.
El economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado, destacó la necesidad de conocer el decreto de política fiscal con las metas de balance estructural de la nueva administración: “La situación actual podría llevar a postergar más allá de 2029 la convergencia a un balance estructural 0% del PIB. Por el momento, estos ajustes aún parecen ambiciosos y requerirán de una definición más estructural del gasto en próximas leyes de presupuesto”.
El investigador del OCEC UDP, Juan Ortiz, recalcó que si bien el informe muestra el impacto en la actividad de las medidas tributarias, “ojalá la Dipres en el próximo Informe de Finanzas Públicas indique el impacto a corto plazo de la incidencia del ajuste de gasto en el PIB. Esto ya lo nombró el Banco Central en el IPoM de marzo, pero no se dio una cuantificación del mismo”.
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