La evaluación respondió, en esencia, al hecho de que se trató de mejoras de carácter técnico que aclaran una serie de puntos de la extensa iniciativa legal, aunque precisaron que se mantiene abierto el debate acerca de las compensaciones que necesitará ante la baja en recaudación que supone el informe financiero de la misma.
El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, señaló que las indicaciones -incluidas en un documento de 87 páginas junto con su informe financiero- corresponden a cambios puntuales en algunas de las propuestas del proyecto de ley, por ejemplo, con el fin de incorporar aspectos indicados por la Corte Suprema respecto del régimen de la Resolución de Calificación Ambiental.
A su juicio, el mayor alcance de las modificaciones se relaciona con la invariabilidad tributaria, pues se avanzó en aspectos más centrales, respecto de la tasa impositiva y la autoridad para la suscripción de los contratos.
No obstante, indicó que “las indicaciones del Ejecutivo no conllevan una reducción de los costos fiscales del proyecto, sino un alza acotada, al considerar el costo del Fondo de Propiedad Intelectual y las exenciones para el pago de contribuciones para bodegas y estacionamientos asociados a la misma dirección de la vivienda principal”.
Además, Ortiz destacó que “tampoco es evidente un impacto mayor sobre el crecimiento que compense, en parte, los costos directos del mismo en las cuentas fiscales”.
4% Es el crecimiento del PIB que espera alcanzar el gobierno al final de su mandato.
Junto con valorar los ajustes presentados por el Ejecutivo, el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, dijo que demuestran que “escucharon activamente” las aprensiones de diversos actores para perfeccionar técnicamente el proyecto. Pero advirtió que seguramente persistirá la crítica sobre la dimensión fiscal, algo frente a lo cual cree que la administración Kast puede responder con el recorte de gasto público ya iniciado.
“Pongámonos en el peor escenario -irreal, por cierto-: aun con crecimiento adicional cero de la economía, el recorte de gasto fiscal que ya inició el gobierno por US$ 6 mil millones para el período, y que ya va en US$ 2 mil millones, más que compensa los primeros años de déficit del proyecto”, señaló.
También destacó que el viernes se le dio suma urgencia al proyecto que regula las apuestas en línea, lo que -con un buen diseño- cree que permitiría recaudar US$ 300 millones en los primeros años.
“No podemos pedirle a un solo proyecto que compense el enorme deterioro heredado de las cuentas fiscales. El déficit fiscal debe verse en su conjunto, incorporando las iniciativas de recorte de gasto en curso por el Ejecutivo”, señaló.
Como una “corrección” respecto de errores que fueron detectados en las primeras discusiones, calificó el coordinador del programa económico de la Red de Centros Progresistas, Luis Eduardo Escobar, las indicaciones.
“En lo fundamental, el proyecto sigue siendo el mismo y el déficit fiscal anda más o menos parecido a lo que era antes. Es levemente mayor ahora”, precisó.
En este punto, insistió en que los supuestos de crecimiento del plan son “optimistas, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la mitad se explica por el más alto precio del cobre, pero que aun así tienen dudas”.
La mirada del mundo tributario
Desde Deloitte, la socia líder de Tax & Legal, Vanesa Lanciotti, también consideró los cambios al proyecto de carácter técnico y procedimental, precisando la implementación de medidas más que redefinir sus ejes estructurales.
“En términos positivos, varias de estas precisiones contribuyen a reducir incertidumbre y mejorar la aplicabilidad de las normas, lo que es clave para generar un entorno más predecible para la inversión y la toma de decisiones”, indicó.
Así, señaló que el desafío es que se complementen en su tramitación los avances técnicos con señales más claras y robustas procrecimiento.
Sin embargo, dijo que persiste el debate acerca de las compensaciones a la baja en recaudación de la presentación inicial del proyecto, porque las indicaciones no modifican estructuralmente la trayectoria fiscal.
Destacó que en el nuevo informe financiero no hay una revisión de fondo del balance fiscal proyectado, debido a que las modificaciones no incluyen cambios estructurales en lo tributario. “El único ajuste observable está en la cifra de corto plazo para 2026, donde el déficit pasa de -0,09% a -0,2% del PIB. Sin embargo, este cambio -que además viene acompañado de un valor absoluto menor- sugiere más bien un ajuste metodológico o una inconsistencia en el informe original, y no una modificación en la lógica económica del proyecto”, dijo.
Para la socia de Tax & Legal de PwC Chile, Loreto Pelegrí, las modificaciones presentadas por el gobierno sí introducen cambios relevantes frente al original, “principalmente al cerrar, precisar y reforzar instrumentos que antes estaban formulados de manera más abierta, tanto en normas permanentes como transitorias”.
En cuanto a lo fiscal, sostuvo que las indicaciones hacen que el plan sea “levemente más deficitario”, pasando de un déficit estructural estimado en torno a 0,565% del PIB a cerca de 0,57% del PIB.
Un aumento marginal que se explica principalmente por la ampliación del régimen DFL 2, que extiende el beneficio del impuesto único del 5% a rentas obtenidas por la cesión del uso o goce de las viviendas, reduciendo la recaudación en torno a 0,005% del PIB.
No obstante, precisó que, más allá de ese ajuste puntual, el cambio relevante es que las indicaciones “cierran ambigüedades y rigidizan” el diseño tributario.
“La rebaja de impuestos y la reintegración quedan consolidadas y, además, se amarran mediante invariabilidad tributaria, haciendo que ese déficit sea más permanente y difícil de corregir en el tiempo, y más dependiente de que el crecimiento económico esperado efectivamente se materialice”, señaló la experta.
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