Agosto es un período crucial para la elaboración de la Ley de Presupuestos del sector público. El proceso de deliberación y diseño interno en el Ejecutivo entra en su recta final, además de que a fines de mes se sabrán los parámetros que determinarán el espacio de gasto que tendrá el Fisco para el próximo y siguientes años: el Producto Interno Bruto (PIB) de tendencia y el precio del cobre de largo plazo.
Basado en las estimaciones del último Informe de Finanzas Públicas (IFP), que presentó Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) en julio, el gasto fiscal del penúltimo erario que diseñará la administración de Gabriel Boric crecería en torno al 2% en 2025.
Al mismo tiempo, el reporte reveló el estrecho escenario que, bajo las actuales condiciones, enfrentaría la administración, que asuma el poder el 11 de marzo de 2026.
En base a las actuales estimaciones de gastos comprometidos, los desembolsos para 2025 crecerían en torno a 2%. El Presupuesto se ingresará al Congreso a más tardar el 30 de septiembre.
Aquello se refleja en dos ámbitos: las holguras presupuestarias y el nivel proyectado de los gastos comprometidos.
De hecho, se informó de un fuerte ajuste al espacio de gasto que tendrá el próximo Ejecutivo, medido como las holguras presupuestarias, que se entiende como la diferencia entre el gasto comprometido y el que es coherente con la meta de balance estructural de las arcas públicas.
Mientras que en el IFP del primer trimestre el nivel de holguras para el período 2025-2028 superaba los US$ 6.200 millones, en el informe del segundo trimestre el monto se recortó a US$ 4.120 millones.
Según la Dipres, las holguras serán escasas para el próximo año, ascendiendo a apenas US$ 62 millones, mientras que en 2026 serán negativas por casi US$ 1.100 millones. O sea, que los gastos comprometidos superan en esa magnitud al nivel que es compatible con la meta fiscal.
Sin embargo, a partir de 2027 y 2028 se vuelve a generar un espacio relevante de holguras (ver tabla).
En este contexto, las proyecciones de crecimiento del gasto incorporadas en el IFP -que contemplan solo los desembolsos ya comprometidos hoy en la programación financiera de mediano plazo- hablan de una expansión promedio de 0,1% por año entre 2026 y 2028, incluso con un año de contracción en 2027 (ver gráfico).
Las medidas a aplicar
Matías Acevedo fue director de Presupuestos entre 2019 y 2021 y recalca que es un dato que la siguiente administración asumirá con un muy acotado espacio de gasto. “Cualquiera que aspire a gobernar, debe estar preocupado hoy de revisar el gasto público”, dice.
Desde su perspectiva, con una economía creciendo al 2% “será muy difícil que se aprueben aumentos de la carga tributaria ampliando la base tributaria, que es donde hoy tenemos el principal problema. Y como gastamos en base a los ingresos permanentes -y estos últimos dependen del crecimiento de tendencia que tomará años en mejorarlo-, no hay otra opción que ver cómo podemos hacer mejor las cosas con los mismos recursos”, expone el investigador del CIES de la Universidad del Desarrollo.
Categórico, el ingeniero comercial Sergio Granados considera “indudable e inobjetable que el futuro Gobierno enfrentará una situación fiscal prácticamente sin espacios para futuras políticas relevantes”.
Quien liderara la Dipres en 2010 y entre 2014 y 2018, cree que las opciones son “muy pocas y dependen de la situación política que enfrente el futuro Gobierno: básicamente si contará con las mayorías legislativas suficientes para llevar adelante un proceso de reformas; un ajuste fiscal severo; o adoptar un camino que postergue el equilibrio estructural, lo cual limita con el acuerdo de respetar el techo en el nivel de endeudamiento”.
La abogada Cristina Torres, quien encabezó la citada repartición entre 2021 y 2022, señala que si bien le corresponderá a una nueva administración determinar cuál será su política fiscal, considera que hay ciertos gastos que están “subestimados”, como el de capital, lo que complica el diagnóstico. “No habrá espacio para nuevos compromisos y existirán presiones de entrada”, dice quien hoy dirige el Programa Fiscal de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
En ese contexto, añade, “es que nuevamente se releva la importancia del crecimiento económico para allegar recursos y, por supuesto, pensar cuál será el rol del Estado en materia fiscal, como medidas de austeridad y contención en el mediano plazo”, sostiene.
Las reasignaciones presupuestarias parecieran ser un camino para acomodar el austero panorama para la nueva administración, plantea el economista jefe de Bci Estudios, Sergio Lehmann: “Siempre habrá algún espacio para ello. No así para alzas de impuestos, que afectan negativamente la dinámica de crecimiento. Medidas que apunten a reducir la evasión y elusión sí contribuirían a elevar la recaudación”, complementa.
La próxima administración debiera avanzar en un acuerdo “amplio, ojalá con la oposición del momento”, que permita generar nuevas fuentes de financiamiento permanentes para costear los nuevos gastos permanentes contenidos en su programa, pone sobre la mesa la economista senior de LyD, Macarena García: “En orden de preferencia, las medidas a impulsar debieran ir orientadas a un mayor crecimiento tendencial, reducción de la evasión y elusión tributaria y ganancias de eficiencia permanente del gasto público”, sostiene.
El economista senior del OCEC de la UDP, Juan Ortiz, es cauto y señala que cualquier medida de política económica para impulsar el crecimiento tendencial no tendrá efectos inmediatos en incrementar el espacio de gasto fiscal: “Sin mediar un acuerdo político para reducir el nivel de gasto público, el espacio de ajuste fiscal es limitado. El estudio de la OCDE a fines de 2023 estimó que con mejoras en la eficiencia del gasto, Chile podría ahorrar entre un 0,11% y 0,13% del PIB a mediano y largo plazo. En la práctica contener la inercia del gasto público es un ejercicio de económica política muy complejo”, sostiene.
Mientras que Alberto Belmar, de Clapes UC, cree que además de alternativas obvias, como aumentar impuestos, impulsar el crecimiento económico y ser más eficiente en el gasto, una nueva administración podría aumentar el gasto en obras públicas “con un impulso adicional a las concesiones” para incidir sobre la actividad económica y el espacio de gasto.
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