Y si bien los ajustes son acotados hasta el momento, ya que no implican cambios de fondo al corazón del proyecto -lo que ocurrirá probablemente en el Senado-, sí tendrán implicancias en un documento clave en la tramitación: el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Este fue recalculado, manteniendo la expectativa de que genere un déficit total para las finanzas del Estado en el corto plazo, entre 2026 y 2031, pero a su vez implicando que dicho saldo en rojo sea mayor que el presentado inicialmente.
Por ejemplo, en 2026 la iniciativa legal -al incluir las medidas que incentivan el crecimiento- generarán un efecto neto negativo de 0,20% del PIB a nivel fiscal. En el informe financiero original, era de -0,09% del Producto.
Lo mismo ocurre en el caso del 2027, cuando el impacto neto es negativo en 0,37% del PIB versus el -0,26% original. Un año más tarde la perspectiva es un -0,46%, que contrasta con el -0,31% del informe del pasado 22 de abril.
El escenario comparado empeora para todos los años en el horizonte de proyección, incluso cuando el efecto neto es positivo a partir del 2035. O sea, que las medidas procrecimiento logran compensar el efecto fiscal negativo de las rebajas de impuestos (ver tabla).
Ahora, el nuevo informe financiero no incorpora el impacto de los recortes de gasto por cerca de US$ 2.000 millones que ha realizado el Ministerio de Hacienda y que en el informe financiero original se proyectaban como permanentes.
Según la Dipres, el recálculo se explica por los ajustes a la moratoria en el ingreso a la gratuidad de nuevas instituciones de educación superior para 2028 y 2029; una actualización de los mayores cupos de incentivo al retiro de funcionarios públicos; ajustes por el menor uso del Subsidio Unificado al Empleo (SUE) que reflejan un ahorro a medida que se extingue el crédito tributario al empleo; cambios a la compensación al Fondo Común Municipal (FCM) por la ampliación de la exención de contribuciones a vivienda principal de adultos mayores; el nuevo Fondo de Propiedad Intelectual; y el reordenamiento del efecto del adelantamiento de inversiones.
La cantidad de indicaciones marcó el debate. Al centro, la secretaria de la comisión de Hacienda, María Eugenia Silva. Foto: Aton.
Inadmisibilidad de ajustes
La frialdad de los números, en todo caso, contrastó con el clima de tensión y recriminaciones que hubo entre diputados de oposición y del oficialismo en la comisión de Hacienda de la Cámara, la cual inició este martes la votación de las cerca de 1.300 indicaciones presentadas al proyecto. Y también contrastó con la dinámica de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Segpres, José García, quienes intensificaron sus acercamientos con bancadas oficialistas y aquellas con las que han estado negociando para asegurar sus votos, como la bancada DC-FRVS.
En sesiones sucesivas desde las 15:00 horas, los diputados se enfrascaron por más de tres horas en discutir la técnica legislativa implementada por el Ejecutivo, que en la práctica al presentar una indicación sustitutiva a gran parte del articulado, dejó como improcedentes las adecuaciones ingresadas por la oposición. Ante esto, la mayoría fue declarada inadmisible por ser de facultad exclusiva del Ejecutivo o porque el texto al que hacían referencia había cambiado con la indicación impulsada por Hacienda.
A lo anterior se sumó que el presidente de la comisión, el republicano Agustín Romero, afirmó que independiente de las indicaciones y la demora del debate, el plazo para despachar el texto a la comisión de Medio Ambiente y de Trabajo vence este miércoles a la medianoche y si aún hay normas sin votar, procederá a aplicar el reglamento para que se vote sin discusión y así cumplir con la suma urgencia establecida por La Moneda, que busca que se vote en Sala el próximo martes 19 de mayo.
El diputado Jorge Brito (FA) calificó de “jugada maestra del gobierno” el presentar las indicaciones sustitutivas dejando obsoletas las normas ingresadas por la oposición y adelantó que no descartan concurrir al Tribunal Constitucional por “vicios legales” en tramitación de la norma.
En paralelo, la oposición siguió presentando indicaciones ante la comisión, pero la gran mayoría fueron declaradas inadmisibles. Romero incluso aconsejó a Brito que si tiene “buenas ideas va a tener que llevarlas al Senado, porque por procedimiento acá ya no será posible incorporarlas”.
Hasta el cierre de esta edición, con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el coordinador de Política Tributaria, Sebastián Vallebona, se había aprobado solo la indicación del gobierno al capítulo referido a la extensión del DFL-2, donde se incorporó a bodegas y estacionamientos de la misma propiedad al beneficio, que será para inmuebles de hasta 90 metros cuadrados.
El diputado Carlos Bianchi (indep-PPD) sostuvo que “esta estrategia de último momento en que todas las indicaciones que presentamos se pretenden hacer caer es inhibir la discusión. Es a través de un acto dictatorial y lo que se hace es que se by-pasee a otro poder del Estado”.
A su turno, el diputado RN Diego Schalper, planteó que “no transformemos esto en un circo” y pidió elevar el debate afirmando que “los anuncios de requerimientos al TC es como adivinar el futuro, porque aún no entramos a los temas de fondo, que es por lo que se puede pronunciar el TC”.
La diputada Pamela Jiles (PDG) suscribió antes de comenzar las votaciones todas las indicaciones presentadas, de parlamentarios y del gobierno, esa medida busca que ella tenga que autorizar cuando se quiera retirar o modificar alguna indicación.
No obstante, la táctica del gobierno no impidió que durante la tarde se recibieran cerca de 200 indicaciones nuevas, lo que generó que se alcanzara un acuerdo para poner como límite las 21.00 horas.
El debate seguirá este miércoles en doble jornada para seguir tramitando a un ritmo intenso el proyecto, que lo más probable es que avance sin contratiempos en las comisiones con los votos favorables del oficialismo y el PDG; al igual que en la Sala y pase al Senado a fin de mes para que sea destacada como logro en la primera cuenta pública que debe dar el Presidente de la República, José Antonio Kast, ante el Congreso el 1 de junio.
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