Un positivo balance dejó 2021 al hablar de regulaciones al comercio global de servicios, que mostró signos de liberalización, según un informe publicado ayer por la OCDE.
En el panorama mundial, Chile tiene una mejor posición que la mayoría de los miembros del bloque. El organismo internacional destaca que el país es el tercero con menos barreras regulatorias al comercio global de servicios, solo por detrás de República Checa y Japón, según la edición 2021 de su Índice de Restricción del Comercio de Servicios (STRI, su sigla en inglés).
La herramienta analiza las regulaciones del comercio de servicios en 50 países y 22 sectores que representan más del 80% de las exportaciones mundiales del rubro. La nota específica sobre Chile destaca que la puntuación del país está, una vez más, por debajo del promedio de la OCDE, y precisa que el entorno regulatorio nacional se mantuvo estable en los últimos años.
El buen resultado local se explica en parte -según el análisis- por el “bajo nivel de regulación restrictiva en toda la economía que se aplica en particular a los servicios profesionales”. Resalta que otras medidas comunes a todos los sectores son las limitaciones a la adquisición de tierras o bienes inmuebles por parte de extranjeros a lo largo de la costa y las zonas fronterizas, y la falta de una obligación general de publicar las leyes y reglamentos antes de que entren en vigor o de abrir proyectos de reglamentos para comentario público, “aunque existen mecanismos específicos para la consulta de la sociedad civil en algunos sectores”.
El foro multilateral puntualiza que “a pesar del entorno general favorable para el comercio de servicios, siguen existiendo restricciones en los servicios de radiodifusión y mensajería”.
Para tomar nota hacia adelante
La entidad recomienda a las autoridades nacionales mejorar la transparencia regulatoria, lo que aumentaría la previsibilidad y reduciría los costos de incertidumbre para las empresas.
“Chile podría mejorar su transparencia regulatoria al permitir un período de tiempo razonable entre la publicación de nuevas leyes y su entrada en vigencia, para que tanto los proveedores nacionales como extranjeros puedan familiarizarse con las regulaciones relevantes”, sugiere el reporte.
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