Durante la tarde de este lunes ingresó a la Cámara de Diputados el ya anunciado proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, presentado la semana pasada por el Ejecutivo y que tiene por fin reducir los plazos de tramitación que requiere un proyecto de inversión.
De acuerdo al detalle del informe financiero del proyecto, el gasto fiscal que implica sería de $ 1.772 millones en el primer año y de $ 2.101 millones en régimen.
Sin embargo, se precisa que se traspasarán recursos desde el Ministerio de Economía, correspondientes a $ 412 millones y $ 578 millones, para el primer año y a partir del segundo, respectivamente.
Lo que dejaría la implementación del proyecto de ley es un gasto fiscal de $ 1.361 millones desde la publicación de la ley y de $ 1.523 millones en régimen.
El documento precisa que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con reasignaciones presupuestarias desde el Ministerio de Economía, pero indican que “el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público”.
El gasto corresponde a la creación de la nueva gobernanza del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial (SRES), que funcionará como una entidad pública que tiene como función la coordinación y cooperación del marco constitucional, la fiscalización y el cumplimiento de los plazos, entregar estadísticas y propuestas de mejoras en la regulación.
El SRES se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Asimismo, se define que el SRES administrará el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (Super), que funcionará como ventanilla única digital para la presentación de permisos sectoriales, declaraciones juradas y avisos por parte de los titulares. Hoy, Super es administrado por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
De acuerdo con el detalle del proyecto, el servicio estará compuesto por 39 funcionarios, de los cuales siete serán traspasados desde la cartera de Economía.
Así, el presupuesto para el SRES asciende $ 1.145 millones para el primer año de ejecución y $ 1.775 millones en régimen. Mientras que para la plataforma Super, ascenderá a $ 627 millones en el primer periodo y disminuirá a $ 326 millones en régimen.
Examen de admisibilidad
La reforma contempla también la creación de un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, compuesto por políticas, instituciones y normas destinadas a velar por la correcta tramitación de los permisos -o autorizaciones- sectoriales y técnicas que se aplican a un proyecto o actividad.
También se predisponen normas mínimas de procedimiento, que tienen como objetivo reducir los tiempos de tramitación y otorgar certezas a los solicitantes de los proyectos. Entre estas, habrán exigencias de mejorar la regulación de iteraciones entre los servicios, el SRES y el solicitante, plazos máximos por tipología de permisos y uso del silencio administrativo como medida de última instancia.
Una de estas normas mínimas es el examen de admisibilidad, que será obligatorio para los procedimientos sectoriales cuyo plazo para resolver sea superior a 20 días hábiles, para verificar que la solicitud cumple con los contenidos y acompaña los antecedentes establecidos en la normativa aplicable a la respectiva autorización.
En caso de que la solicitud no reúna las exigencias, se declarará como inadmisible mediante resolución fundada y el órgano sectorial podrá entregar un plazo por una sola vez “para que subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación que, si así no lo hiciere, se tendrá por desistido de su petición”.
Además, el examen de admisibilidad deberá realizarse dentro del plazo máximo de 30 días contado desde el ingreso de la solicitud. Y en caso de que el órgano sectorial no se pronuncie en el plazo establecido, la solicitud se entenderá acogida a trámite.
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