El 31 de diciembre de 2015 los siete casinos municipales deberán despedirse del antiguo sistema legal que los rige y quedar bajo el paraguas de la supervisión que ejerce la Superintendencia de Casinos de Juegos (SJC) y que hoy ya fiscaliza 17 salas de juego, licitadas conforme a la normativa vigente desde 2005. Así, los casinos de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas, y Puerto Natales enfrentarán un nuevo escenario normativo, que podría impactar los ingresos de dichas comunas. Para evitar la merma en las entradas, durante la presidencia de Sebastián Piñera se trabajó un proyecto de ley que finalmente no prosperó debido a la falta de apoyo de parte de los alcaldes de las citadas comunas. Con el cambio de gobierno, los ediles aludidos comenzaron a establecer nexos con ministros de la administración de Michelle Bachelet, lo que dio sus frutos y se tradujo en un principio de acuerdo entre las partes. En virtud de lo mismo, en las próximas semanas el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley sobre la materia.
Las fichas en juego
La iniciativa legal que afina el gobierno entregará en forma indefinida la licencia para que permanezcan en las mismas comunas donde operan en la actualidad. Es decir, las plazas de casinos se mantendrán en Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas, y Puerto Natales. Otro de los puntos en discusión era la forma en que se repartirían los ingresos que generan dichos establecimientos. En la industria de juegos hoy existen dos tipos de permisos: licencias municipales y los permisos de operación de casinos regulados por la SCJ, y la principal diferencia radica en la recaudación. Por eso, el acuerdo establece que, tal como lo hacen los casinos bajo la supervisión de la SCJ, la concesionaria deberá pagar un impuesto específico con una tasa única de 20%, distribuidos en 10% para el municipio donde se ubica el casino y 10% para el gobierno regional. Si bien los municipios validaron este punto, se incluirá dentro del proyecto que la concesionaria que se adjudique la operación deberá asegurar al municipio los recursos que perciben hoy por los casinos. "Lo que pedimos es que dentro de los oferentes las propuestas de adjudicación garanticen lo que hoy ingresa al municipio. Si el municipio de Pucón recauda $ 1.800 millones, lo que pediremos en la licitación es que se garanticen y se conserven esos recursos para no bajar los ingresos. Este es el punto más medular", explica el alcalde de Pucón, Carlos Barra. El senador Eugenio Tuma (PPD) añade que otro de los aspectos a considerar en el proceso de licitación apunta a que los nuevos operarios de los casinos mantengan a la mayor cantidad de trabajadores que actualmente laboran en esos recintos. Si bien el proceso de licitación estará a cargo de la Superintendencia de Casinos de Juegos, los alcaldes participarán en la redacción de las bases y en la comisión revisora del proceso. Como la prórroga que se estableció termina el 31 de diciembre de 2015, se acordó también que -una vez aprobado el proyecto- se dé un plazo de dos años para que la SCJ realice la licitación y así, una vez finalizado dicho proceso, la industria quedará agrupada bajo una misma normativa, supervisando los 24 casinos de juego que permite la ley, cumpliendo una larga aspiración de la industria de juegos. Desde el gobierno confirman que la iniciativa se enviará al Congreso este año, pero precisan que todavía quedan algunos puntos por resolver, aunque lo medular de la propuesta ya cuenta con la aprobación de los siete alcaldes con casinos municipales.
La misma fuente precisa que el proyecto tiene dos objetivos centrales: primero, mantener por un período indefinido las sedes de los casinos en las actuales ciudades, ya que se quiere favorecer el turismo y no afectar los ingresos de dichas zonas; y el segundo, es repartir de manera más equitativa los recursos entre todas las comunas de la región donde está el recinto.
Cómo funciona la industria en Chile
Actualmente, existen dos tipos de licencias: municipales y permisos de operación de casinos regulados por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ). La principal diferencia se registra en la recaudación. Según la SJC, la ley promulgada en 2005 establece que en términos de gravámenes, además de los impuestos a la renta y a la venta y servicios, la sociedad concesionaria deberá pagar un impuesto único específico con una tasa de 20% de los ingresos netos, distribuidos en 10% al gobierno regional y 10% a la municipalidad de la comuna donde se ubique el casino. A ello, se agrega 0,07 UTM por persona que ingresa a la sala de juegos a beneficio fiscal. Los ingresos brutos por el cual se pagan impuestos específicos es la suma de los ingresos obtenidos en el desarrollo de las cinco categorías de juegos: cartas, dados, ruletas, máquinas de azar y bingo- en cada jornada diaria. En cambio, los siete casinos muncipales determinan ellos mismos la cantidad de impuesto que deben cancelar los concesionarios del área, sin ninguna ley que los unifique. Por ejemplo, en Puerto Varas, Dreams debe cancelar 43 UF anuales divididas en 12 cuotas mensuales al municipio. En Chile, se permite que funcionen hasta 24 casinos en el territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece la presente ley. Uno en cada una de las regiones del país y el resto a ser distribuidos a nivel nacional, no pudiendo autorizarse la instalación de más de tres casinos en una misma región. En la Región Metropolitana no se podrá autorizar la instalación de casinos de juegos.
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