Contraloría se pronuncia por contratos directos realizados en la Segegob encabezada por Jaime Bellolio

Un informe de Contraloría que se conoció este jueves, apunta a tratos directos realizados durante el gobierno anterior, encabezado por el expresidente Sebastián Piñera.

El informe final de la Contraloría, catalogado con el número 206, de 2022, hace referencia a la auditoría efectuada “a las adquisiciones realizadas por la Secretaría General de Gobierno (Segegob), a través de la modalidad de trato directo, para contratar servicios asociados a estudios y consultorías, considerando el período comprendido entre el 1 enero de 2020 y el 31 de octubre de 2021”, mientras el UDI Jaime Bellolio ocupaba el cargo de ministro de esa cartera.

La fiscalización constató que se contrató al proveedor Consultores Asociados de Marketing Cadem S.A., entre enero del año 2020 y octubre de 2021, “a través de 12 tratos directos, servicios por concepto de estudios de opinión y estratégicos por un total de $ 345.149.782, aludiendo a la causal prevista en el artículo 10, N° 7 letra d) del reglamento de la ley N°19.886”.

La citada normativa establece que “si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que otorgará el servicio, por lo que no pueden ser sometidas a una licitación, y siempre que se refieran a aspectos claves y estratégicos, fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública, y que no puedan ser realizados por personal de la propia entidad”.

Según las conclusiones del informe “durante el mismo período y citando igual causal y modalidad de compra, se contrataron los estudios estratégicos con la Universidad del Desarrollo, la empresa Fases Asesoría e Investigación en Gestión Marketing, y Asesoría e Inversiones VVS SPA (Criteria) por un total de $ 255.000.000, $ 193.246.048 y $ 138.592.000, respectivamente”.

Y explica que el fundamento que se entrega para los referidos “tratos directos” es que “aquellas empresas contaban con una reconocida y comprobada experiencia técnica, orientada hacia la investigación de mercado y opinión pública en Chile”, pero sin que esa causal se haya demostrado con documentos que la avalaran.

Ni contratos ni cumplimiento de objetivos

Además, se constataron adquisiciones con los proveedores Consultores Asociados de Marketing Cadem S.A. y Fases Investigación y Asesorías en Gestión de Marketing Ltda., por montos superiores a 1.000 UTM, “sin que conste la existencia de los respectivos contratos, situación reconocida por el servicio”.

Por otra parte, la Contraloría observó que para los dos tratos directos con los proveedores Cadem S.A., por $ 66.000.000 y Fases Investigación y Asesorías en Gestión de Marketing ltda., por $ 56.181.440, “no se estableció en las respectivas resoluciones que autorizaron los tratos directos, la expresión fundada del cumplimiento de los objetivos mencionados en el inciso penúltimo del artículo 10 del Reglamento de la ley de Compras Públicas, para no exigir el otorgamiento de una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y por lo tanto dicha operación debió contar con la garantía o resguardo respectiva”.

El inciso a que se hace referencia establece que “(…) no será obligatorio el otorgamiento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, aun cuando la contratación sea superior a 1.000 UTM, cuando las entidades fundadamente consideren que se contemplan suficientes mecanismos para resguardar el cumplimiento contractual y cuando la contratación se refiera a aspectos claves y estratégicos que busquen satisfacer el interés público o la seguridad nacional, tales como la protección de la salud pública o la defensa de los intereses del Estado de Chile ante los Tribunales Internacionales y Extranjeros. El cumplimiento de dichos objetivos deberá expresarse fundadamente en la respectiva resolución que autorice el trato o contratación directa”.

Por último, el órgano fiscalizador acreditó un incumplimiento del plazo de ejecución de los servicios contratados con el proveedor Pontificia Universidad Católica de Chile, de ocho semanas, a partir de la aceptación de la orden de compra, para la realización de un estudio sobre discriminación y participación ciudadana, por un monto de $ 9.800.000. Ello, “sin que exista una modificación del plazo en las condiciones y términos de referencia que regulan este trato directo.

Además, la resolución exenta N°272/130, de 27 de enero de 2020, que aprueba el trato directo, señala como un incumplimiento grave el atraso en la entrega de los servicios en los plazos comprometidos, con multas del 20% sobre el precio del contrato por día, respecto del valor neto total de la contratación”.

El documento en cuestión fue enviado con fecha 19 de octubre del presente año, entre otros, a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo y al diputado opositor del Partido Republicano, Leonidas Romero.