Hoy comienzan en La Haya los alegatos de la demanda presentada por Chile contra Bolivia por las aguas del río Silala, a casi seis años de la decisión del segundo gobierno de Michelle Bachelet de levantar una causa en la Justicia internacional y, con ello, adelantarse al país altiplánico. La relación entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 1962, indudablemente se tensarán. Sobre todo si, como parece probable, La Haya le da la razón a nuestro país: sería la segunda derrota consecutiva de la Cancillería boliviana, luego de que en 2018 la corte definiera que Chile no tenía la obligación de negociar una salida al mar.
Este gobierno debutó con la inesperada invitación del Presidente Gabriel Boric a Bolivia para restablecer las relaciones diplomáticas. Lo hizo apenas a tres días de haber llegado a La Moneda y la respuesta que recibió fue obvia: su par boliviano, Luis Arce, puso nuevamente como condición la salida al mar, un asunto que está consignado en la propia Constitución de Bolivia y que Chile –como determinó La Haya– no debería intentar reabrir. Al margen de si la invitación del Presidente corresponde a una estrategia, extrañó en determinados círculos diplomáticos. Como la invitación personal de Boric a Álvaro García Lineras, exvicepresidente boliviano y uno de sus gurú intelectuales, a la ceremonia de cambio de mando. García Lineras ha sido una de las voces duras de Bolivia contra Chile en el debate sobre la salida al mar.
Uno de los desafíos de Cancillería será manejarse entre las tensiones de una compleja relación histórica y la necesidad de avanzar en aspectos clave como la integración.
Con Argentina, en tanto, una de las principales interrogantes tiene relación a nivel de prioridad. Argentina, para Chile, siempre ha sido prioritaria. Pero, ¿lo será mayormente, dada la cercanía ideológica entre la actual administración y el Gobierno argentino, quebrado por las disputas internas de los Fernández? Irina Karamanos ha hecho guiños a La Cámpora de Kirchner y el actual gobierno envió a Buenos Aires a Bárbara Figueroa, una importante líder sindical del PC, en señales que no han pasado inadvertidas. Aunque la Cancillería actual buscaría, sobre todo, no tanto priorizar la relación, como restablecerla.
Sea como fuere, el traspié de la ministra del Interior, Izkia Siches, en la previa de la primera gira oficial de Boric al extranjero, a Argentina, muestra un flanco inesperado del actual gobierno en materias delicadas como la política exterior. La ministra Siches, que suele hablar del Wallmapu, desató críticas en la oposición argentina, porque el concepto abarca no solo tierras chilenas, sino que contempla tierras del país trasandino que han sido habitadas por el pueblo mapuche. Luego de que se criticara que Chile está legitimando un reclamo territorial que afecta a la soberanía de Argentina, ayer Siches tuvo que pedir disculpas. “Si he producido malestar pido todas las excusas”, aseguró la ministra del Interior chilena, que a raíz de este incidente tuvo que hablar con el embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa.
No ha sido el único. El propio Boric levantó una polémica al criticar al rey de España porque, según el presidente, Felipe VI había retrasado la ceremonia de cambio de mando. La canciller Urrejola –cercana al PS, como el ministro Mario Marcel– debió poner paños fríos y hacer gestiones para dar por terminado el incidente. El Presidente –dijo– había sido mal informado.
Otros focos
Existen al menos otros tres asuntos de máxima importancia para Boric en el plano internacional. De partida, existen aspiraciones de algunos sectores de la izquierda democrática en el exterior que apuntan a que Boric represente una alternativa distinta. Es decir, que genere un polo cercano a Canadá y Nueva Zelandia y menos pegado a las izquierdas tradicionales latinoamericanas, con los Fernández incluidos. Esto chocaría, como ya ha sucedido, con las miradas de partidos que forman parte de la coalición original del gobierno, como el PC, que han hecho público su apoyo al régimen de los Ortega.
En ese sentido, el perfil de la canciller Urrejola no da espacio a la duda, porque fue implacable en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra los países que los violan. En los planes de la Cancillería chilena, a su vez, no estaría virar su mirada hacia el Atlántico, donde se conformaría un eje de izquierda de ganar Lula en Brasil en octubre, porque el Pacífico sigue siendo clave para el país.
Un tema que sigue siendo una incógnita tiene relación al TPP11. Se ha dicho que se adoptará una decisión después del proceso constituyente, pero no se conoce lo que se opina puertas adentro sobre los contenidos del acuerdo y si, finalmente, benefician o no a Chile, un país pequeño que necesita acceso a los mercados internacionales. Pública, sin embargo, ha sido la postura del nuevo subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada, un gran detractor del TPP11. Es uno de los ideólogos de la revisión de tratados y resulta incierto su nivel de influencia interna, aunque el propio Boric y su canciller han dado garantías de que, de suceder, no sería unilateralmente y que cualquier revisión sería con miras a una modernización.
Un tercer aspecto tiene relación con la guerra. ¿Adoptará el Gobierno algunas sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania? La administración anterior canceló la presencia de empresas rusas en la Fidae, lo más cercano a una sanción. Pero, aunque Chile tradicionalmente se suma cuando se adoptan medidas de parte del Consejo de Seguridad o un conjunto de países que se coordinan en alguna materia, ya muchos socios de Chile –UE, EEUU, Canadá y Nueva Zelandia– han adoptado estas sanciones.
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