Un plan de condonación gradual y progresiva de las deudas contendrá el mecanismo de financiamiento para la enseñanza superior en el cual están trabajando los ministerios de Hacienda, Educación y secretaría de la Presidencia para reemplazar el sistema vigente y que ha tenido al CAE en el centro del debate.
Este trabajo, del cual dio cuenta una minuta que el Ejecutivo envió a parlamentarios oficialistas, está en la etapa final de diseño técnico y se espera que pronto emerja un texto de consenso para poder cumplir con el compromiso de la administración Boric de presentar un proyecto de ley antes de la próxima discusión presupuestaria, o sea septiembre.
Un punto que aclara el texto es que el nuevo esquema es para los estudiantes sin acceso a gratuidad, cuya cobertura -se asegura- no retrocederá.
Un eje clave es que la política bajo análisis y que aspira a simplificar el financiamiento a la educación superior como parte de proceso integral de modernización del sector, será autofinanciada. Por lo mismo, no está vinculada al pacto fiscal “ni compite por los recursos generados por éste, los cuales están destinados a otros fines”.
Ejes rectores
El trabajo de los ministerios ha contemplado cinco principios rectores. El primero, de “justicia educativa”, busca avanzar hacia un sistema de garantías del derecho a la educación superior que supone responder a quienes han sido perjudicados. “El endeudamiento privado ha tenido consecuencias negativas y no esperadas para el Estado, para el sistema de educación superior y, especialmente, para las deudoras y los deudores educativos y sus familias”, se advierte.
Desde 2011 en adelante, precisa el análisis del Gobierno, el pago de recargas CAE pagadas a la banca se estabilizó en torno al 24%. Sin embargo, en los últimos tres años aquello se revertió y la licitación 2023 finalizó con un porcentaje de 33%. Esta subasta, agregaron, presentó una particularidad que también se observó en 2021: la falta de interés por parte de los bancos de concurrir con un volumen de créditos que permitiera cubrir la totalidad de la cartera.
Hasta fines de 2022, el Fisco ha desembolsado más de $ 8 billones en CAE –unos US$ 8.000 millones-, de los que $ 1,35 billones corresponden al pago de recargas a favor de los bancos en las licitaciones anuales de las carteras de créditos.
Un segundo eje es la progresividad, lo que implica que el nuevo instrumento atenderá a las diferencias en los ingresos de las personas; e irá acompañada de gradualidad –la tercera directriz-, de forma que el plan se ejecute en un lapso que la haga sostenible fiscalmente, distribuyendo su costo a lo largo de los años.
Esto último conversa con un criterio de responsabilidad fiscal y uno de coherencia, es decir, que las condiciones de quienes se acogen al plan de condonación guardarán relación con las de estudiantes futuros. “No queremos que nunca más en Chile las personas tengan que endeudarse con un banco para poder ejercer su derecho a la educación. Es este anhelo el que ayer nos movilizó y el que hoy nos impulsa a cumplir”, se lee en la minuta.
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