País

Sala del Senado aprueba proyecto de infraestructura crítica que incluye el resguardo de las fronteras

La iniciativa establece que el mecanismo de resguardo se podrá implantar por 90 días prorrogables con la autorización del Congreso.

Por: Claudia Rivas A. | Publicado: Miércoles 11 de enero de 2023 a las 19:43 hrs.
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A raíz de la situación que está generando la inmigración ilegal en el norte del país, el Gobierno ingresó una indicación al proyecto que le entrega al Presidente de la República la facultad de disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país, incluyendo el resguardo de las fronteras, cuando exista peligro grave o inminente, determinando la infraestructura crítica que debe ser protegida, mediante decreto supremo.

La Sala aprobó la iniciativa de manera casi unánime en general y particular por 46  votos a favor y uno en contra, de la senadora independiente Fabiola Campillai.

Se considera infraestructura crítica el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales, de utilidad pública, o aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país. Además, este concepto se extenderá a la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población como energía, agua o telecomunicaciones; la infraestructura de conexión vial, aérea, terrestre, marítima o ferroviaria; y aquella de servicios de utilidad pública como los de asistencia sanitaria o de salud o lugares de acopio de alimentos, entre otros.

Este mecanismo será regulado por una ley que se debe tramitar en un máximo de seis meses, pero entretanto quedara sujeto a la dictación de un decreto supremo. Se podrá implementar por un máximo de 90 días prorrogables con la autorización del Congreso. 

La propuesta fue despachada a la Cámara que debería estudiarla la próxima semana, por la urgencia de discusión inmediata (seis días en cada cámara) con que el Gobierno ha apurado su tramitación.

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