A la segunda jornada del seminario de la comisión de Economía del Senado para agilizar la reforma a los permisos sectoriales llegaron este lunes representantes del sector energético y de desalación para presentar sus diagnósticos y propuestas.
El director ejecutivo de la Asociación Transmisoras de Energía, Javier Tapia, indicó que al ser proyectos que se desarrollan de manera múltiple en el país -toman distintas regiones- se requieren en promedio cerca de 300 por cada obra que se construye y de ahí para arriba.
“El número de permisos asociados a una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) posterior se ha triplicado en los últimos 20 años y esto está implicando que hoy alrededor de un 10% del valor de inversión de un proyecto está siendo nada más que en permisos y, además, está siendo también en solución de compromisos socioambientales en general”, dijo.
Por lo mismo, desde la conexión Kimal-Lo Aguirre, su gerenta de sostenibilidad, Carola Venegas, indicó que el proyecto tiene que tramitar 4.941 autorizaciones, lo que se hace en distintas oficinas. Además, hay permisos que toman hasta los 600 días en promedio.
“Es decir que cada oficina provincial de Conaf tiene que otorgar permisos de corte diferenciados en función del tipo de especie a la cual se le está solicitando. Cada Dirección de Obras Municipales tiene que entregarnos el permiso para instalación de faena y los frente de trabajo, cada Seremi de Salud nos tiene que entregar distintos permisos y pudiese encontrarse incluso que los criterios entre regiones o entre provincias sean distintos”, explicó.
Por ejemplo, el proyecto de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre considera 1.352 kilómetros a través de la instalación de 2.691 torres de alta tensión que pasan por 28 comunas entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana. También representa una inversión referencial de US$ 1.480 millones y un peak de contrataciones de 6.249.
Etapas que faltan
A su turno, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización y Reúso (Acades), Rafael Palacios, entregó sus conclusiones “no muy alentadoras” respecto al proyecto de ley.
Indicó que si bien va a representar una mejora en algunos de los permisos sectoriales que el sector de desalinización define en su ruta crítica de sus proyectos de inversión, gran parte de esas etapas -como las concesiones marítimas, la RCA y Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar)- no están contempladas.
“Una desaladora tarda en promedio 10 años en obtener los permisos y estamos hablando de una tecnología relativamente sencilla, no estamos hablando de centrales nucleares ni mucho menos”, dijo.
Además, Palacios indicó que actualmente se están proponiendo dos iniciativas de ley -de desalación y que traspasa las concesiones marítimas desde las Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales- que dejan al sector en una “situación bastante peor”.
“La regulación que apunta al sector nos deja con 310 días hábiles solamente de plazos administrativos, cuando hoy los proyectos de estas naturaleza requieren una concesión marítima que tenía un máximo de seis meses. Hoy vamos a estar un año y medio solamente en plazos administrativos”, criticó.
Por lo mismo, desde el gremio proponen eliminar la exclusión de las concesiones marítimas para la desalación; una aplicación general de las técnicas habilitantes alternativas y la eliminación de las clases de autorizaciones; y unificar el sistema de priorización de proyectos para el SEIA y permisos sectoriales.
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