La necesidad de ampliar el registro de dueños finales de empresas a todos los sectores y no limitarlos a proveedores del Estado plantearon ayer senadores de diversos sectores en el marco de la sesión de Economía de la Cámara Alta.
El interés se da en medio de la discusión del proyecto del Ejecutivo que modifica el sistema de compras públicas y crea el primer registro para las firmas que realicen contratos con el sector público.
Así, la instancia parlamentaria acordó oficiar al Ministerio de Hacienda para que haga llegar una copia del informe de la OCDE sobre recomendaciones para la posible implementación de un registro de dueños finales entre privados, el que -de acuerdo a la glosa 06 de la partida correspondiente a la cartera- se solicitaría durante el primer trimestre de 2021 y presentada a la comisión mixta de presupuestos.
El presidente de la comisión de Economía, Álvaro Elizalde (PS), indicó que es partidario de ampliar el ámbito de aplicación de este registro “como forma de fortalecer la transparencia y avanzar conforme a los estándares internacionales, que son muy superiores a los que se aplican en nuestro país”.
Esta materia, agregó, fue de un largo debate en 2020 con el exministro Ignacio Briones y “hoy es clave para combatir la elusión en paraísos tributarios y otros actos de corrupción”.
El senador Jorge Pizarro (DC) insistió en que Hacienda debe cumplir con entregar el informe OCDE para implementar el registro de dueños finales “que debe extenderse al conjunto de actores de la economía. Se requiere mayor transparencia en compras públicas y también en materia tributaria para conocer todas las operaciones de los agentes privados para así disminuir la elusión tributaria y combatir la corrupción, que es un mal que daña la legitimidad democrática”.
La senadora Carmen Gloria Aravena (Independiente-pro RN) se manifestó “plenamente de acuerdo en que todas las empresas estén consolidadas más allá de si son proveedoras del Estado o no”. Eso es transparencia, acotó, un avance para Chile y espera que no haya inconveniente en hacerlo.
Pro transparencia
El listado de dueños finales de empresas o “beneficial owners” busca conocer las identidades de los propietarios para poder investigar, desbaratar y sancionar actos como lavado de activos, evasión y corrupción.
De hecho, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó en septiembre de 2020 una consulta pública virtual sobre el tema y constató que un 100% de quienes respondieron consideró que la creación de esta herramienta “ayuda a entregar mayor transparencia a quienes realizan negocios, sea con el Estado o entre privados”.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, y el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, coinciden en que un registro público de beneficiarios finales es beneficioso no solo para el mercado público, sino que se pone al nivel de los estándares internacionales y, por lo demás, genera externalidades positivas para el combate al lavado de activos, para fomentar la inversión y mayor transparencia en los mercados.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2012 y, con posterioridad la OCDE, han emitido instrucciones para determinar el beneficiario final de las personas jurídicas.
Actualmente, en Chile no existe un registro único de beneficiario final de personas jurídicas, al que las autoridades competentes y/o la ciudadanía en general puedan acceder de forma oportuna.
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