Un debate no sólo a nivel parlamentario sino que también en materia jurídica abrió el anuncio realizado por el presidente Sebastián Piñera de crear una comisión de expertos para analizar perfeccionamientos al sistema de admisibilidad de proyectos en el Congreso, para evitar la tramitación de mociones inconstitucionales.
Diversos abogados y expertos en materias constitucionales calificaron la medida como "inconducente" debido a que la institucionalidad chilena es clara en los roles de cada Poder del Estado.
Ayer, a través de una minuta, el gobierno estableció que 46 proyectos de ley (19 en el Senado y 27 en la Cámara) incumplen con la Constitución, por lo que jamás debieron ser tramitados. La mayoría de estas iniciativas han sido presentadas este año en medio de la pandemia de coronavirus.
Para el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, el anuncio de una comisión "es irrelevante e inconducente, porque las admisibilidades o no de proyectos en trámite es una prerrogativa de la presidencia de cada corporación. Es un tipo de control político de constitucionalidad de los proyectos de ley sometidos a conocimiento del congreso, incursionar en esa materia vulnera ese control".
Planteó que "esta comisión no tiene futuro, porque si el Presidente no tuviera herramientas habría un vacío, pero no lo hay, el Presidente puede recurrir al veto y luego al TC, este Presidente lo ha hecho y otros en el pasado".
El ex ministro del Interior y abogado, Jorge Burgos, planteó que "no entiendo el planteamiento. Podría interpretarse que el Presidente quiere hacer más laxa la norma, no lo comparto, le ha hecho bien a Chile que todo lo que sea gasto del Estado sea de exclusiva competencia del Estado, no recuerdo ningún gobierno desde el año 90 a la fecha que haya presentado una reforma constitucional para modificar esa norma".
Agregó que "si producto de distintas situaciones de un populismo o de una emocionalidad mayor varios parlamentarios han estado incumpliendo en sus funciones esas normas tenemos un problema que debe ser resuelto o por las propias cámaras o el TC, no creo que se requiera una comisión".
El abogado y exintegrante del Tribunal Constitucional, Jorge Correa, sostuvo que "me parece de una torpeza inexplicable del Presidente. La institucionalidad chilena es clarísima en este aspecto, esa facultad de declarar algo inadmisible corresponde al presidente de cada rama del Congreso y si al Presidente de la República no le parece, bueno, tiene entonces la facultad de llevar el caso al Tribunal Constitucional, pero el Presidente no ha querido ejercer sus facultades".
Explicó que "la comisión para lo que servirá será para crear tensión entre congreso y gobierno, rompe el buen ambiente que se había generado con este acuerdo al que se llegó recientemente en materias económicas".
Oposición se resta
Ante la creación de un comité asesor, la oposición cuestionó la iniciativa, dado que, teniendo la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional, el presidente ha decidido no hacerlo.
El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde señala que no comparte en absoluto el cuestionamiento a la constitucionalidad del proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos, que según él fue la razón que originó la controversia, "pero si el Gobierno tiene una opinión distinta debería ejercer las herramientas que establece la propia Constitución. En cambio, ¿qué hace? Inventa una comisión para literalmente no asumir la responsabilidad de sus propias decisiones".
"¿Por qué, entonces no usa estas herramientas y decide formar esta comisión? Simplemente porque no está dispuesto a asumir los costos políticos de sus decisiones", indica Elizalde. Y agrega: "El proyecto que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos se trata de una iniciativa que no es en absoluto inadmisible. La inadmisibilidad corresponde a aquellos proyectos de ley que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo".
En una línea similar, Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, dice que "el gobierno intenta desviar la atención". No está de acuerdo con la iniciativa del gobierno, "pues el presidente no necesita un comité de expertos para determinar si una moción o ley no se ajusta a la Constitución. Para eso él tiene la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional o usar el veto si estima que una ley no se ajusta al texto constitucional", comenta Muñoz. Además, como oposición, dice que su recomendación para sus militantes es que no integren el comité.
Fuad Chahín, presidente del Partido Demócrata Cristiano, afirma que como partido desde ya anuncian que no participarán de ningún grupo de trabajo que se convoque al efecto del comité de expertos. Desde la directiva cuestionan el hecho de que el Ejecutivo no recurra al Tribunal Constitucional para tal objetivo. En el comunicado indican: "Si el Gobierno no quiere pagar el costo político de ir al TC a impugnarlos -porque cuentan con respaldo y urgencia para la ciudadanía- debe decirlo claramente, y no armar estas comisiones de expertos, que son totalmente innecesarias".
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