El Consejo para la Transparencia (CPLT), presentó este lunes los resultados de su más reciente fiscalización, la que aborda la disponibilidad, completitud y actualización de la información relativa a adquisiciones y contrataciones en la Administración Central del Estado, durante el periodo 2025.
La investigación, ahondó en la información presupuestaria a ser brindada por los 338 organismos que componen la Administración Central del Estado, la que incluye secretarías regionales ministeriales; delegaciones presidenciales regionales y provinciales; servicios de salud; fuerzas armadas; hospitales; servicios dependientes de ministerios, entre otros.
“Brechas relevantes”
Los resultados reflejaron un nivel de cumplimiento del 88,33%, el que representa un alza respecto de la misma variante en el año 2024, cuando el porcentaje se ubicaba en el 78,1%.
Sin embargo, el estudio mencionó que “persisten brechas en la publicación de información en áreas muy relevantes”, lo que puede derivar en una mayor dificultad en las personas para que puedan “controlar cómo se usan los recursos públicos”.
Dentro de estas brechas, la materia con el cumplimiento más bajo es la “información presupuestaria”, con un 57,56%.
Además en este apartado, el ítem “gastos de representación, protocolo y ceremonial” se destacó como el menos accesible al público, con una tasa del 40,76% de cumplimiento, con 33 instituciones estatales que mantienen datos desactualizados, mientras que 60 directamente no publicaron este tipo de gastos.
Le siguen dentro del mismo sector “modificaciones presupuestarias” con un 45,89% y “ejecución presupuestaria”, con el 63,35% de cumplimiento.
El segundo “foco crítico” según el ente fiscalizador, es el apartado de “adquisiciones y contrataciones”. En detalle, el ítem “contratos formalizados mediante órdenes de compra” registró una tasa de acceso del 35,4%, con lo que en la práctica, 117 organismos no publicaron adecuadamente esta información, “pese a su relevancia para conocer cómo se ejecuta el gasto público”, señalaron desde CPLT.
Desde el Consejo añadieron que los resultados “evidencian que las principales fallas se producen en la publicación de materias que requieren actualización permanente y que son clave para el control social del Estado”, por lo que serán enviados a Contraloría para su análisis en detalle.
Modernización a la ley
La advertencia llegó desde la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, quien sostuvo que las “mayores opacidades del Estado siguen concentrándose en cómo se usan los recursos públicos”, ya que cuando esta información no está disponible, o desactualizada, “se debilita el control ciudadano y la rendición de cuentas”.
Asimismo, la principal representante del ente fiscalizador, adelantó que en vista de los resultados, están impulsando “una modernización a la Ley de Transparencia que eleve y modernice los estándares y cierre progresivamente estos vacíos”.
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