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REGÍSTRATE AQUÍTodo indica que el episodio no se va a cerrar con la renuncia de la exministra Jeanette Vega y que, por el contrario, podría profundizarse el conflicto.
Por: Claudia Rivas A.
Publicado: Viernes 26 de agosto de 2022 a las 17:25 hrs.
El flanco que le abrió al gobierno el contacto telefónico entre una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y el detenido líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul no solo provocó un vuelco en la agenda política difícil de revertir antes del plebiscito de septiembre, sino que todo indica que seguirá escalando por un buen rato. Ni la renuncia casi inmediata de la exministra Jeanette Vega ni las posteriores declaraciones del presidente Gabriel Boric, asegurando que desconocía estos contactos, han apaciguado el frenesí de la oposición por profundizar en lo ocurrido y a tomar medidas correctivas.
De uno de los hechos concretos en este sentido dio cuenta un grupo de diputados de la bancada del Partido Republicano, que esta jornada de viernes presentó una denuncia “por delito cometido en contra del orden constitucional democrático” ante el fiscal nacional Jorge Abbott, escalando así la polémica al ámbito judicial.
El documento, de tres carillas, expone, entre otras cosas, que en estos casos "podríamos estar frente a la comisión de delitos como el de asociación ilícita terrorista”, ya que “la CAM fue declarada por la Cámara de Diputados como una asociación ilícita terrorista en la sesión N° 29, especial del día 31 de mayo de 2022, y que Héctor Llaitul es públicamente reconocido por ser líder de la misma organización criminal, tal como quedó de manifiesto en la audiencia señalada, cuestión que es de público conocimiento”.
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Por estas y otras razones, los parlamentarios solicitan que “se realice una investigación por la eventual comisión del delito de asociación ilícita terrorista, por parte de todos aquellos que puedan resultar responsables”.
Antes había hecho lo propio un grupo de diputados de la UDI, directamente en contra de la ex ministra de Desarrollo Social "por su eventual participación como encubridora en los delitos de robo de madera, usurpación y atentado a la autoridad que se le imputan al líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul".
Mientras que también en el Congreso quieren respuestas. Por lo mismo, los presidentes DC de las comisiones investigadoras sobre Combate al Crimen Organizado y la de Robo de Madera, Joanna Pérez y Eric Aedo, respectivamente, anunciaron que invitarán a la exministra a sendas instancias.
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Por su parte, el diputado independiente exDC Andrés Jouannet, quien además fue intendente de La Araucanía en el segundo mandato de Michelle Bachelet, señaló que “la exministra, mientras todos trabajábamos por el desarrollo de La Araucanía, por la paz de La Araucanía, estaba conversando con Héctor Llaitul”, por lo que –a su juicio– la exautoridad tendrá que responder ante la justicia, pero también plantea la necesidad de crear una comisión investigadora que ahonde en el caso y no descarta una acusación constitucional contra Vega.
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Estas propuestas dan cuenta del ánimo con el que regresarán los parlamentarios al Congreso tras la semana distrital, que, además, se viene muy intensa con materias propias de la labor legislativa.
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
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