Si hay algo que, al menos, da la sensación de abundar por estos días son los delitos de índole económico.
Luego de las multas impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el caso Cascadas, que en total suman US$ 164 millones, y al reciente fallo del Tribunal de la Libre Competencia en el llamado caso Pollos -que aplicó una multa histórica de US$ 60 millones a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo y ordenó la disolución de la APA, todo por colusión-,se suman casos como el de las Farmacias, el que aún se mantiene vivo en la opinión pública.
La razón de ello se encuentra, principalmente, en las sanciones que fueron aplicadas: clases de ética empresarial “obligatorias” para 10 de los imputados, además una multa en donaciones al instituciones de salud que asciende en total a cerca de $ 250 millones. Cabe recordar que Salcobrand, Cruz Verde, junto a FASA, fueron acusadas en 2008 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por el alza concertada de precios de medicamentos, algunos de ellos para combatir enfermedades crónicas como la diabetes y la epilepsia.
La crítica de la ciudadanía: las penas no se condicen con el daño causado o el beneficio de los formalizados. La respuesta desde fiscales y la justicia: el Código Procesal Penal y la ley no contempla sanciones mayores.
Pero esta situación podría cambiar. Esto porque, a la recientemente creada mesa que estudia aumentar las sanciones por delitos económicos, encabezada por el senador Eugenio Tuma, ya están llegando las propuestas que están entregando organismos especializados en la materia.
Uno de los primeros fue la Fiscalía Nacional, encabezada por Sabas Chahuán, quien ayer en la mañana entregó al parlamentario un escueto pero contundente documento con sus recomendaciones. El objetivo: entre otros, evitar nuevos casos como el de Cascadas.
Para ello, el documento -que fue elaborado por la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado-, señala que en materia de delitos en el mercado de Valores, se establezca como un agravante especial, que implique la aplicación del máximo de las penas o su aumento en grado, a los casos en que se haya provocado un perjuicio patrimonial a Fondos Previsionales.
Simultáneamente, que se sancionen penalmente los acuerdos mediante los cuales los controladores o accionistas mayoritarios de una sociedad, con la finalidad de beneficiarse a sí mismos o a terceros, adopten decisiones en perjuicio de la sociedad y/o de los accionistas minoritarios, incorporando de paso un tipo penal de “administración desleal”.
El otro factor
La entidad que encabeza Sabás Chahuán también consignó que resulta “indispensable” elevar las sanciones para la delincuencia económica de mayor incidencia estadística: estafas y apropiación indebida.
Adicionalmente, también busca que se aplique una sanción penal para los casos en que se cometen estafas en contra de consumidores en que el engaño se vincula con la inexistencia o falta de disponibilidad del producto o servicio ofrecido.
En paralelo, la Fiscalía cree necesario sancionar los simples accesos indebidos (hacking); ampliar el catálogo de delitos que originan responsabilidad penal de las personas jurídicas; y considerar elevar la sanción del delito de usura.
Entre otros puntos destacados del documento, que debiese, junto con un borrador del ministerio de Hacienda (que integre las posiciones de la SVS, SBIF, SP y FNE), derivar en la creación de un proyecto de Ley en noviembre, se sugiere introducir modificaciones en el Código Penal para modernizar el marco para las conductas colusorias y el funcionamiento de las normas que rigen la reserva y secreto bancario, de modo de entregar las facultades necesarias que permitan obtener dichos antecedentes de una manera completa y oportuna.
Los otros
dentro de las figuras penales cuya incorporación es considerada como “urgente”, se encuentra la tipificación del fraude informático y regulación procesal penal al tenor de la Convención sobre Cibercriminalidad de Budapest; la incorporación de un tipo penal de administración desleal; la integración de una figura agravada de defraudación para sancionar los fraudes masivos y finalmente, incorporar agravante vinculado al provecho obtenido en delitos contra el orden público económico.
Entre otros puntos destacados del documento, que debiese, junto con un borrador del ministerio de Hacienda (que integre las posiciones de la SVS, SBIF, SP y FNE), derivar en la creación de un proyecto de Ley en noviembre, se sugiere introducir modificaciones en el Código Penal para modernizar el marco para las conductas colusorias y el funcionamiento de las normas que rigen la reserva y secreto bancario.
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