El empresariado está tomando nota a raíz de la reciente sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el denominado Caso Pollos.
Es así que la Sofofa realizó ayer un seminario donde se analizó esta materia y en el que el presidente del TDLC, Tomás Menchaca, aseguró que "las asociaciones gremiales tienen que preocuparse bastante de cómo se hacen los contactos entre competidores, que son necesarios para que una industria se desarrolle, pero deben ser cuidadosos para que esto no se preste para que en el seno de ellas se infrinja la libre competencia". De hecho, en la presentación que acompañó sus palabras se advertía que las asociaciones gremiales podrían ser una práctica que facilite la colusión.
El titular de la instancia también defendió el uso de pruebas indirectas, como e-mails, para probar y sentenciar este tipo de prácticas, como sucedió en el Caso Pollos. "Hablando en general, la mayor parte de los carteles que se han detectado en el mundo, se prueban con pruebas indirectas (...) Los hechos igual se pueden comprobar si los indicios son suficientemente graves, precisos, concordantes y permiten concluir de forma clara la existencia de un ilícito contra la competencia", dijo Menchaca.
Respecto del recurso de esta instancia aseguró que se trata de una acción "bastante amplia que permite a la Corte Suprema revisar las decisiones del TDLC". En paralelo, conocedores del proceso consignaron que estos expedientes podrían llegar esta semana a la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Rol del empresariado
El abogado de Ariztía en el Caso Pollos, Álvaro Ortúzar, también participó en el seminario de la Sofofa y se refirió a este tipo de sentencias y su impacto en la valoración social del empresariado, refiriendo que habría que hablar del "síndrome del viejo del saco", porque "todos los que han cometido o son acusados de algún acto irregular entran en un saco único (...) Eso es no saber distinguir ni la relevancia ni la gravedad de las conductas", dijo. En lo que respecta al rol de este segmento, criticó la falta de argumentos para defender su rol en la sociedad y el hecho de que aparezcan tan distantes al gobierno.
SANCIÓN PENAL Y CUMPLIMIENTO
Tomás Menchaca reafirmó en el seminario su opinión contraria a establecer sanciones penales por colusión, pues éstas atentarían contra la institucionalidad del sistema y desfavorecerían la delación compensada que, dijo, es uno de los mecanismos más efectivos para luchar contra los carteles. El presidente del TDLC sostuvo que los empresarios "se están dando cuenta que el derecho de la libre competencia llegó para quedarse" y comentó que los directores y gerentes deben considerarlo al tomar sus decisiones y recordar que la normativa fija sanciones para empresas y personas naturales Radoslav Depolo, ex ministro del TDLC que en el fallo del Caso Pollos estuvo por fijar penas más graves, se refirió en el seminario a los pasos que las empresas y los gremios deberían seguir en materia de "compliance", con figuras como el "oficial de cumplimiento", que es un ejecutivo que vela por los temas de competencia en las empresas y mencionó otras medidas en pro del mismo objetivo, como la obligación de tener un programa de cumplimiento de la libre competencia.
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