El Caso Caval puso en el ojo público la normativa bancaria relacionada con las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) recogió el guante, y ayer publicó para consulta pública un cambio normativo que obliga a las entidades a "establecer procedimientos especiales" cuando realicen operaciones o contratos con PEP.
Este nuevo capítulo, que será incorporado a su Recopilación Actualizada de Normas, una vez que se hayan recibido los comentarios de los interesados, señala que estas políticas "deberán ser descritas en su sitio web para conocimiento del público".
De igual modo, se establece el rol que debe desempeñar el directorio cuando se realicen operaciones con PEP.
Asimismo señala que las "aprobaciones de los créditos que se otorguen a PEP y que superen un monto definido por el directorio para tal efecto, deberán recaer en un nivel superior al previsto para las mismas operaciones con los clientes en general. En casos excepcionales, se podrá considerar al directorio como instancia superior".
Por último, el nuevo marco que se está proponiendo establece que el directorio deberá recibir información periódica acerca de este tipo de operaciones.
Cabe señalar que la figura de PEP está contemplada en la citada recopilación, a través del Capítulo 1-14 que se refiere a "Prevención del lavado de activo y del financiamiento del terrorismo", donde se define a dichas personas como "los chilenos o extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en algún país, Chile inclusive, a lo menos hasta un año de finalizado el ejercicio de las mismas".
Asimismo, se detalla que entre los PEP se debe incluir a jefes de estado o gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus familiares y personas relacionadas.
El periodo en consulta de esta nueva norma se extenderá hasta el 26 de junio de este año.
Hace unas semanas, el superintendente de Bancos, Eric Parrado, había afirmado que el fin de esta actualización es "que se tengan políticas claras dentro del banco, públicas para todo el mundo.
Eso puede incluir que el tratamiento de un PEP, por ejemplo, suba a un comité mayor del que una persona normal pudiera contar (...) Tiene que haber una política y debe ser bastante clara para todo el mundo, porque en la actualidad creo que no lo es".
El origen del Caso Caval
En noviembre de 2013 Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, acompañó a su esposa, Natalia Compagnon -socia de la empresa Caval-, a una reunión con altos ejecutivos del Banco de Chile.
Entre ellos el vicepresidente y controlador de la entidad, Andrónico Luksic, en busca de la aprobación de un crédito bullet para realizar una operación de compra de predios en Machalí.
En diciembre de ese año el Banco de Chile aprueba el crédito por $6.500 millones.
Así, se echa a andar la operación para la compra y posterior venta de los terrenos en la Sexta Región a una empresa de la zona interesada en el negocio.
Desde ahí que se puso en el tapete la ética e influencia de clientes PEP.
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