A más de un mes que Interchile, filial de la colombiana ISA, recurriera al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) al no llegar a acuerdo sobre las razones que provocaron el retraso de la entrada en operación de la megalínea Cardones-Polpaico, la entidad registró el 17 de mayo la solicitud de arbitraje presentada en contra del Estado de Chile, constituyéndose de esta forma oficialmente el caso.
Según consta en el expediente, la defensa de la firma colombiana está puesta en dos estudios jurídicos: el equipo de arbitraje internacional de Dechert LLP; y en Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo.
En el primer caso, destaca el abogado Eduardo Silva, co-líder del equipo de Arbitraje Internacional del estudio y experto en el área, especialmente en litigios que involucran a Estados y entidades estatales. También figuran en este equipo José Manuel García, Juan Felipe Merizalde y Catalina Echeverri.
La firma destaca en sus hitos que, en Colombia, el gobierno los contrató para representar al Estado en el primer arbitraje de inversión contra el país. Asimismo, en Chile, representan actualmente a un grupo de inversionistas colombianos en un juicio Ciadi contra la República de Chile derivado de contratos de concesión para la prestación de servicios de transporte público urbano por buses.
Mientras, en cuanto al estudio chileno, el equipo está integrado por los abogados Pedro Pablo Gutiérrez, Cristóbal Jimeno y Joaquín Castillo.
Gutiérrez, de hecho, fue quien presentó a principios del año 2019 un recurso de protección contra el Ministerio de Energía -cuando era liderado por la ministra Susana Jiménez- en contra del cobro de la boleta de garantía por US$ 2.602.200 que la autoridad realizó por los retrasos de la polémica línea de transmisión. El abogado también participó, según fuentes, en las conversaciones amistosas con el Estado, previo a la decisión de llegar a la institución con sede en Washington.
Esta firma, además, representa actualmente a Empresas CMPC en un litigio contra una aseguradora española, seguido ante la Cámara Brasilero-Canadiense de Arbitraje de Sao Paulo, por un siniestro ocurrido en una planta de celulosa en Brasil.
ISA Interchile vs. Chile
El conflicto se gatilló luego de que ISA Interchile acumulara alrededor de 500 días de retraso en los tramos 2 y 3 de la megalínea, que -según ha asegurado- se deben a “causas de fuerza mayor” por los diversos obstáculos que enfrentaron por los opositores a la iniciativa en la zona de La Dormida.
Según ISA, la decisión de llegar al Ciadi se tomó luego de agotar diversas instancias de diálogo, en las que no logró llegar a un acuerdo con el Estado sobre las razones que ocasionaron el retraso en la entrada en operación. De acuerdo a los resultados de la empresa, el Ministerio de Energía ha cobrado multas por US$ 72,8 millones por la demora en la entrada en funcionamiento de dos de los tramos de la megalínea, que fueron pagadas en febrero de 2020. Además, detallaron fuentes cercanas al proceso, a la cifra se suman cobros de boleta de garantías con lo que el monto total bordea los US$ 83 millones.
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