El proyecto de royalty minero vuelve a enfrentar momentos de definiciones. La comisión de Minería y Energía del Senado acordó ayer que votará en general la iniciativa la próxima semana.
Asegurando que durante esta discusión han recibido los argumentos de más de 60 organizaciones y participado en dos seminarios internacionales, la presidenta de la instancia, Yasna Provoste, destacó que se han propuesto desde la comisión “hacer una discusión de fondo, seria, amplia, lo más alejada posible de las miradas a corto plazo y también de las consignas de las campañas del terror”.
“Tenemos la certeza en que escuchando una diversidad podemos generar una mejor ley”, agregó. Y aunque la senadora dijo que la de ayer era la audiencia final para proceder en la siguiente a votar la iniciativa, aún restan algunas exposiciones, las que se materializarían previo a la votación.
En la cita, una de las últimas mineras en comentar el proyecto fue Teck Resources. Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos, dijo que es cada vez más complejo construir megaproyectos mineros y enfatizó que “es muy relevante que la minería cuente en nuestro país con un marco institucional y regulaciones robustas y confiables y que haya apoyo a la inversión extranjera”.
Destacó que para el caso de Quebrada Blanca fase II -que a su inversión por US$ 5.200 millones han agregado otros US$ 600 millones para enfrentar los desafíos del Covid- “fue muy decisivo para la aprobación de este proyecto las condiciones tributarias existentes en Chile”, sinceró. Para Cornejo, “los beneficios de la minería van mucho más allá de los impuestos que ella paga”. En esta discusión, recalcó que es muy importante que se incorpore la forma en que se toman las decisiones en estos grandes proyectos mineros y también se consideren aspectos de innovación.
El gerente general del Grupo Minero Las Cenizas, Cristián Argandoña, sostuvo que el establecimiento de un royalty ad valorem, adicional al impuesto específico, “afectará seriamente la viabilidad de las empresas de la mediana minería”.
“A niveles de precios inferiores a US$ 2,75-2,85/lb, la mediana minería no soporta cargas adicionales de impuestos, debido a que sus costos de producción están en esos niveles en promedio y por ende quedan bajo el punto de equilibrio”, dijo.
En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, recalcó que el impuesto aprobado por la Cámara de Diputados aumenta la carga tributaria que ya es una de las más altas del mundo. Y, al ser ad valorem “equivale a subir la ley de corte, es decir, el contenido mínimo de cobre en el mineral para que su tratamiento sea económico”. En concreto, advirtió que “las tasas aprobadas por la Cámara son exageradamente altas y en la práctica haría que la minería privada no sea posible”. Y que un royalty ad valoren es “regresivo” pues afecta mucho más a las minas menos competitivas.
Y apostó: “De las cuatro principales modalidades de royalty, el más adecuado para el parque productivo chileno es el de porcentaje sobre el margen operacional cuyas escalas siempre se pueden revisar”.
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