Pendiente quedó la comunicación de la Corte Suprema de los alegatos entre de los abogados ambientalistas y los de Hidoraysén, por los siete recursos de protección que buscan frenar el proyecto Hidroaysén, luego de que las autoridades judiciales de Coyhaique y Puerto Montt desestimaran los argumentos expuestos acerca de las irregularidades presentadas en la aprobación de la cuestionada iniciativa energética.
Luego de escuchar los alegatos de los abogados intervinientes, y luego de terminar las audiencias, el máximo tribunal resolvió dejar pendiente la comunicación de su decisión.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) informó ante la Corte Suprema que la aprobación del proyecto HidroAysén se ajustó a la legislación vigente, descartando que sus argumentos sean iguales a los usados por la empresa para dar el vamos a la construcción de las centrales hidroeléctricas en la Patagonia.
El abogado de la División Jurídica del SEA, Walter Traub, dijo que espera que la Suprema "se ajuste a Derecho y haga lo que estimamos se hizo conforme a Derecho", en alusión a la ley de Bases del Medioambiente.
Para el gerente legal de la energética, Camilo Charma, "nosotros no vemos ninguna arbitrariedad y ninguna ilegalidad y compartimos totalmente los argumentos de dos sentencias de Cortes de Apelaciones, es decir, no es menor que no hayan detectado ninguna de las ilegalidades o arbitrariedades que los oponentes señalan", argumentó a CNN Chile.
Para el profesional, los abogados querellantes están en todo su derecho de presentar estas instancias judiciales, pero cree que los argumentos están en contra de ellos, avalados por las decisiones de las dos instancias anteriores.
Marcelo Castillo, uno de los cinco abogados querellantes, sigue manteniendo la ilegalidad del actuar de Hidroaysén, en cuanto al otorgamiento de los permisos para materializar la iniciativa.
"Le hicimos presente a la Corte, toda las ilegalidades y arbitrariedades cometidas durante el procedimiento de evaluación, así como también de la resolución de calificación ambiental. Estimamos que hay una decisión histórica que tiene que tomar el país sobre la Patagonia Chilena", expuso.
Luego de este paso, los magistrados deben deliberar respecto al fondo de los recursos de protección, proceso que debiera producirse en enero o hasta el regreso del feriado judicial, en marzo.
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