Por Miguel Bermeo
Tras dos meses de anunciada, el gobierno ayer presentó la primera medida de las más de cien, que componen la Estrategia Nacional Energética (ENE). El Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que perfecciona la ley de concesiones eléctricas.
Los cambios
Uno de los aspectos que modifica el proyecto tiene que ver con las observaciones y oposiciones a la concesión, se precisan las causales de impugnación, de manera de resguardar la agilidad del procedimiento y evitar dilaciones en la tramitación que efectúa la SEC al tener que pronunciarse. Asimismo, establece una definición precisa acerca de quiénes pueden presentar observaciones u oposiciones. También, en caso de haber conflictos entre diferentes tipos de concesión, se establece un sistema de arbitraje en caso que pueda suscitarse un conflicto entre los titulares de una concesión eléctrica y titulares de otros tipos de concesión, como por ejemplo las mineras y de geotermia.
Además, introduce la posibilidad de dividir la solicitud de concesión para proyectos de grandes longitudes, como las licitaciones troncales, a efectos de que el otorgamiento de la concesión en su integridad no dependa de contingencias específicas dadas en puntos específicos del trazado que no entorpezca al resto de las áreas de concesión. Esto permite que el solicitante pueda obtener el título de concesionario y comenzar la construcción en aquellas partes que han sido tramitadas con éxito.
Otro tema sensible hasta ahora, como el cobro por una concesión por parte de un privado, también registró cambios. Actualmente en caso de no existir acuerdo entre el solicitante de la concesión y el propietario del terreno, es la “Comisión de Hombres Buenos” que tasa el terreno afectado por las servidumbres. Con el objeto de dar celeridad a este proceso, ahora se crea “Comisión Tasadora”.
Según Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, es evidente el cuidado que se ha puesto en el proyecto. “Por una parte se modifican diversos aspectos procesales muy antiguos que generaban burocracia sin mayor sentido, y en su lugar se plantean procedimientos modernos, con plazos más acordes con las época actual, y también, y esto es muy importante, con mecanismos más fluidos y efectivos para proteger los legítimos intereses de los afectados”. Castillo añade que “si bien tenemos observaciones al proyecto en diversos detalles que haremos ver en su momento, lo valoramos enormemente como un primer paso concreto para resolver una de las amenazas más graves para el desarrollo: la crisis que vivimos en materia de proyectos de transmisión”.
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