Con el pie izquierdo comenzó el primer chequeo de rentabilidad de la industria del gas, tras la reforma a la ley del sector que estableció la tarificación en caso de que las distribuidoras excedan la tasa de rentabilidad fijada por la autoridad.
Esto, porque la totalidad de las empresas que operan en el sector, es decir, Metrogas -que es la más grande-, GasValpo, Intergas, Gassur y Gasco Magallanes, acudieron al Panel de Expertos para tratar de impugnar uno de los factores que constituye la base de este proceso: la fijación de la Tasa de Costo de Capital (TCC).
Esta discrepancia marca, además, el debut del Panel de Expertos en la resolución de conflictos en la industria del gas, ya que esta especie de tribunal fue creado para analizar problemas del mundo eléctrico, pero en la reforma a la Ley del Gas, que fue la principal preocupación del Ministerio de Energía en los últimos dos años, se ampliaron sus competencias a lo relativo al chequeo de rentabilidad, que en este caso corresponde a los años 2016 y 2017.
Procedimiento inicial
Las empresas resolvieron ir al panel luego que la CNE rechazó las observaciones que hicieron al cálculo preliminar de la TCC y emitió la versión definitiva de esta fijación, la cual regirá para 2018-2022.
La TCC se obtiene a partir de cuatro factores: el tamaño de la empresa, la rentabilidad libre de riesgo, el riesgo y las características del mercado.
Entonces, las distintas empresas discrepan de los valores que la entidad encabezada por Andrés Romero usó para realizar este cálculo.
“En el Informe Técnico Definitivo existen diversos problemas de modelación de la TCC que se traducen en que la determinación para Metrogas se encuentre en niveles más bajos de los adecuados, variando entre 4,98% a 5,25%, dependiendo del año y zona de concesión, es decir, las tasas determinadas por CNE son entre 13% y 17% inferiores a la tasa mínima establecida por ley”, asegura en su presentación el gerente general, Pablo Sobarzo.
Intergas, una de las firmas más críticas de la reforma, aseguró, a través de su gerente general, Rodrigo Larrondo, que la propuesta de la CNE “se basa en parámetros que ignoran la realidad de las empresas en Chile y corresponde, en gran medida, a la importación directa de la realidad económica y regulatoria de Estados Unidos”.
Lo anterior, agregan, en relación con que tomó como referencia para calcular el riesgo sistemático sólo a empresas que operan en ese país, donde las condiciones de operación son más favorables que en Chile, precisa.
En el caso de GasValpo, la TCC se fijó entre 5,49% y 5,59% para 2016 y 2017, lo que está por debajo del 6% como mínimo para este factor que se incluyó en la Ley. En este caso también critican el cálculo del riesgo sistemático, asegurando que la determinación de la CNE fue “improcedente y errónea”.
Gasco Magallanes, critica que para establecer su factor individual por zona de concesión, donde se mide el tamaño de esta distribuidora, se fijó considerando los ingresos totales de su matriz previo a una reestructuración societaria, Gasco, lo que incluía al momento del análisis las ventas de negocios como Metrogas o la operación de la firma en Colombia, plantean.
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