Nada de coincidencia encontró en el Gobierno la conclusión de Valgesta Nueva Energía frente al efecto que tuvo el error de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que implicará devolver a los clientes cobros en exceso en las cuentas de electricidad. Esto, después que la consultora publicara una minuta asegurando que los clientes regulados no han pagado adicionalmente US$ 100 millones a las generadoras producto del error, sino que esa cifra alcanza a unos US$ 2 millones.
"Hay un informe de una empresa consultora que dice que las personas no han pagado. Aquí lo concreto es que las empresas han captado US$ 115 millones de las personas en exceso. Por lo tanto, las personas sí pagaron y las empresas sí lo tienen. Y eso es justamente lo que queremos devolver. No me voy a meter en la explicación de por qué está equivocada esa consultora, porque es demasiado compleja para explicarla y el hecho concreto es que la plata que se cobró en exceso está en las empresas", respondió este miércoles el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, en entrevista con Radio Pauta.
La autoridad agregó que Valgesta "nunca dice que las empresas no tienen los US$ 115 millones y eso es lo único que importa". "Que le pregunten a ellos si las empresas tiene US$ 115 millones o no, porque a mí me consta que los tienen. Y si los tienen, eso es lo que hay que devolver", remató.
Según explicó, la diferencia es bastante más compleja y se refiere a que el país adquirió una deuda cuando se descongelaron las tarifas y "la forma en que se paga esa deuda, al igual que una deuda hipotecaria, se pagan los intereses primero". Por lo tanto, añadió, "la proporción de la deuda que corresponde a este período de fijación tarifaria aún no se empieza a pagar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que se cobró. Solo tiene que ver con cómo se paga una deuda".
Consultado por el nuevo error que se reveló el lunes respecto a cobros adicionales que deberá devolver Transelec, en que hay críticas por el silencio del Gobierno conociendo la situación hace un año, García indicó que esa situación la está enfrentando de una manera distinta a la del pasado. "Pero primero quiero aclarar que el gobierno no dijo nada. Hizo lo que la ley lo mandataba a hacer", aludiendo a la auditoría que debe hacer el Coordinador Eléctrico.
Considerando que nadie se presentó a esa licitación, García reiteró que la auditoría no se ha hecho aún y la ley mandata tener esta auditoría para poder determinar con exactitud cuánto es lo que esa empresa debe. "En este momento estamos siguiendo un camino alternativo que es decirle a la empresa mire, si usted reconoce que debe US$ 100 millones o algo así, páguenos, igual vamos a hacer la auditoría y si la auditoría determina que debía más que eso, bueno, tendrá que pagar la diferencia y además con multas".
"La auditoría determinará con exactitud cuánto debía ser. Lo que me pareció es que no teníamos que esperar ese resultado para que la ciudadanía recuperara los excesos cobrados", recalcó.
En ese sentido, García reconoció que su entonces antecesor, Diego Pardow, sí se enteró de lo sucedido y por lo mismo ofició al Coordinador Eléctrico para iniciar el proceso que correspondía. Asimismo, aseguró que el extitular de Energía le contó el caso pendiente con Transelec: "Por eso iniciamos acciones de inmediato y cinco días después tenemos una solución en camino.
Reunión con Generadoras
Respecto a la reunión que tiene hoy García con Generadoras de Chile, cuyo fin es ponerse de acuerdo en cuanto al pago que se le hará a los clientes, la autoridad indicó que esta será la primera vez que se encontrarán para escuchar las opiniones de las generadoras respecto a lo señalado en el polémico informe preliminar que dio cuenta del error de la CNE y el posterior cambio metodológico.
"No está claro que legalmente puedan decir que no, pero espero escucharlas antes de emitir una opinión sobre lo que ellos van a hacer", dijo, agregando que la expectativa es que cumplan con devolver un dinero que "claramente se cobró en exceso".
En cuando a las magnitudes de las bajas que se reflejarán en las boletas, recalcó que "se va a devolver todo lo que se cobró en exceso. Nosotros desde el día uno hemos señalado que las devoluciones no van a ser de gran magnitud porque los cobros en exceso tampoco lo fueron. Son otros los actores que han buscado inflar esto y que ha afectado toda la economía".
"Nosotros hemos insistido permanentemente en que los cobros fueron injustos y por eso hay que devolverlo, pero que no son de montos excesivos y que varían muy significativamente de región en región. En la Región Metropolitana es donde los cobros excesivos fueron más bajos", dijo.
Y aseguró: "Si se cobra en exceso, hay que devolver la plata. Es tan simple como eso. Sea mucha o poca plata, importa menos. Lo que importa es que se mantenga el criterio de que no se cobre de más".
En cuanto a la posibilidad de que exista algún otro error que no se haya detectado, García dijo que no tenía ninguna información de que hayan otros errores: "Ahora, siempre puede haber algo como lo que ocurrió con Transelec que una empresa se autodenuncie, de que ellos informaron algo mal. No tengo forma de saber eso".
Ley corta y revisión de la normativa
El secretario de Estado aseguró que con las empresas sólo pueden conversar que la devolución de los dineros sea en enero porque la única forma de cobrar es a través de un decreto tarifario. Sin embargo, volvió al ruedo la idea de impulsar una ley corta para acelerar la restitución de los recursos.
"La alternativa es un proyecto de ley que algunos parlamentarios han promovido, incluso hecho propuestas concretas. Y como dice el refrán, no hay peor gestión que la que no se hace. Por lo tanto, vamos a ver si si eso es posible, pero reconociendo que en el período en que nos encontramos, tener aprobado un proyecto de ley a mediados de diciembre para que le gane al 1 de enero es complejo", reconoció.
Asimismo, sinceró que "sería muy positivo hacer una revisión de la normativa eléctrica". "No sé si el momento adecuado sea este a cinco meses de terminar el gobierno, pero es algo recomendable de hacer, sin duda", dijo. "Es un período breve de tiempo invadido por elecciones y donde se requiere construir un acuerdo muy transversal para que sea sólido y permanente en el tiempo", reflexionó.
Respecto a la fe pública, consultado cómo se hace cargo de una administración que va a quedar finalmente cuestionada, reconoció su preocupación, asegurando que por eso están actuando "con la extraordinaria diligencia y velocidad para resolver el problema lo antes posible y, en la medida de lo posible, recuperar la fe pública. Es clave tenerla".
En el carril político, este martes volvió a escena la posibilidad de una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. Consultado por dicha acción, García sostuvo que "las acusaciones constitucionales tienen como propósito destituir a un ministro si se juzga que no ha hecho bien las cosas, el ministro ya no está. Así que no le veo mucha razón, pero por sobre todo es un tema al cual no le estoy prestando atención".
"Mi atención está 100% volcada a lo que conversamos antes: cómo lograr que se le devuelvan los ingresos mal cobrados a las personas lo antes posible. Eso es lo que me importa hoy y donde mi atención está puesta", enfatizó.
Acera entra en la discusión
En un comunicado, otro gremio de generación, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), entró al debate sobre el efecto concreto del error de la CNE en los clientes, apelando a que es fundamental comunicar con precisión y responsabilidad este proceso, "evitando alarmar a la ciudadanía con información parcial".
"El monto total en revisión se estima en aproximadamente US$ 115 millones. De ese total, solo cerca de US$ 2 millones (menos del 2%) se ha cobrado efectivamente a los consumidores finales. El 98% restante no ha sido cobrado, porque estaba programado legalmente para aplicarse recién a partir de 2028", sostuvo.
Según explican, el período de congelamiento tarifario se extendió entre 2019 y 2024, pero sólo partir de la ley de estabilización de tarifas eléctricas 21.472, publicada el 2 de agosto de 2022, el Estado de Chile emitió documentos de pago que reconocieron las deudas acumuladas por las indexaciones no aplicadas. "Esos documentos fueron adquiridos por la banca internacional, que entregó liquidez inmediata a las generadoras. Los consumidores aún no han pagado esa deuda, cuyo cobro se encuentra diferido por ley entre 2028 y 2034", precisan.
En la práctica, enfatizan, "la deuda fue financiada, no cobrada, y el sistema cuenta con tiempo y mecanismos suficientes para realizar los ajustes antes de que cualquier diferencia afecte las cuentas eléctricas".
Y rematan: “Del total en revisión, solo una fracción mínima -US$ 2 millones- se ha cobrado. El resto no se ha pagado por los clientes, y está siendo revisado. El sistema eléctrico chileno cuenta con mecanismos técnicos y legales para asegurar tarifas correctas, justas y transparentes. Los clientes deberían recibir los ajustes que procedan el año 2026”.
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