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REGÍSTRATE AQUÍLas acciones legales buscaban impugnar la aprobación del proyecto por parte de la autoridad.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 3 de febrero de 2015 a las 05:00 hrs.
La Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al rechazar los recursos de protección que fueron presentados por un grupo de opositores al proyecto eléctrico que impulsa la firma Mediterráneo ligada, entre otros, a los empresarios José Cox e Ignacio Guerrero.
Las acciones legales buscaban impugnar la aprobación por parte de la autoridad, a inicios de marzo de 2014, del Estudio de Impacto Ambiental de esta iniciativa, que considera la instalación en la confluencia de los ríos Torrentoso y Manso, en la Región de Los Lagos, de una central hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad, que además contempla una línea de transmisión de 60 kilómetros, lo que su totalidad representaría una inversión de US$ 400 millones.
Entre los argumentos presentados por los demandantes estaba que la autoridad ambiental no había considerado lo establecido en un tratado medioambiental suscrito entre Chile y Argentina, especialmente, en lo referido al protocolo sobre recursos hídricos compartidos, que en este caso constituirían las cuencas de los ríos
Manso y Puelo.
En la demanda también se reclamaba arbitrariedad al no considerar el fraccionamiento de la iniciativa, pues en ella no se habría considerado un camino que serviría para la construcción de la central.
El fallo dictado por la Tercera Sala de la Suprema dice que dado el carácter del reclamo presentado eran los tribunales ambientales la instancia indicada para resolver y no el recurso de protección.
A ello sumaron la existencia de una serie de recursos de reclamación respecto de la aprobación, que fueron presentados ante la autoridad ambiental y que aún permanecen sin resolverse.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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