Entre las propuestas consideradas en el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación anunciado por el Presidente Kast está un mecanismo de reembolso de gastos incurridos en el desarrollo de proyectos en caso de anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Aunque aún se desconocen detalles, una incógnita relevante es cuántos recursos desembolsan los titulares para conseguir esta autorización clave, especialmente cuando se trata de megaproyectos de inversión.
En las empresas y gremios están a la espera del alcance de la propuesta, ya que no queda claro –por ejemplo- si el reembolso contemplará solo la etapa de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o también la etapa de preingeniería o prefactibilidad.
Conocedores comentan que, cuando se está frente a megaproyectos, esta fase previa es la más costosa, ya que puede implicar desde US$ 15 millones hasta los US$ 30 millones. Esto, frente a la construcción del EIA donde las líneas de base –que es lo crucial en la elaboración estudio y la que demanda más recursos- involucra alrededor de US$ 2 millones. De hecho, solo en la minería, un proyecto estándar partiría en US$ 4 millones en el EIA.
En el caso de megainiciativas vinculadas a la incipiente industria del hidrógeno y amoníaco verde, también las cifras son relevantes junto con representar los montos más altos que están actualmente en tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por ejemplo, el proyecto H2 Magallanes en la etapa de prefactibilidad y la elaboración del EIA destinó alrededor de US$ 30 millones.
Esto es un promedio, porque hay proyectos que exceden largamente esta cifra. Por ejemplo, Minera Dominga, que lleva 13 años de tramitación y se judicializó, ha gastado US$ 500 millones que incluyen: adquisición del activo, desarrollo del proyecto, estudios ambientales y de sostenibilidad, asesoría jurídica y gastos recurrentes, entre otros, para el proceso de evaluación ambiental y posterior judicialización.
Fuentes comentan que, conforme a la publicación de guías por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), los costos además subieron, ya que se requirió más estudios.
Luces sobre esta materia entrega el Informe Trimestral del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones de la FEN de la Universidad de Chile, publicado en enero, donde se aborda –entre otros aspectos- el costo asociado a la etapa de evaluación ambiental. Se indica que en el segundo semestre de 2025 se marca un hito en la serie histórica, ya que el costo económico agregado de la tramitación ambiental alcanzó un máximo de US$ 1.937 millones.
“Este salto, que triplica el valor del semestre anterior, responde a la calificación de una cartera de proyectos excepcionalmente intensiva en capital durante el cierre de año”, se dice.
Este jueves, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, en conversación con Radio Duna, aseguró que “el objetivo principal de este proyecto de ley es generar trabajo”. Planteó que “lo que está haciendo el gobierno es una invitación a sentarnos a conversar todos en un desafío país”. Y agregó: “El proyecto hay que verlo en su conjunto, entrega certezas a los inversionistas porque los proyectos de inversión son de largo aliento”.
Los gremios esperan los alcances para evaluar, pero valoran los anuncios realizados. “Para el sector minero, la reactivación de proyectos de gran envergadura depende especialmente de la certeza jurídica y la eficiencia regulatoria”, afirmó el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
En Sonami, su presidente Jorge Riesco hizo ver que “los costos de un EIA o una DIA pueden variar significativamente, porque dependen de múltiples factores: si se trata de un proyecto greenfield o brownfield, del tamaño de la inversión y de la complejidad ambiental y territorial”.
Sobre si se reembolsa “todo lo que se ha gastado e invertido entre la presentación de la DIA o EIA y la revisión o anulación”, la iniciativa “va en la línea correcta porque disminuyen los riegos y permitiría incentivar con mayor claridad y certeza el desarrollo de nuevos proyectos”.
Desde Generadoras de Chile, su director ejecutivo, Camilo Charme, dijo valorar que el gobierno sitúe la certeza y predictibilidad jurídica al centro de la agenda.
En la vereda de los expertos, el exjefe de la división jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, Ariel Espinoza, alertó: “La RCA es, por definición, un acto terminal que otorga derechos ambientales habilitantes, y por ello solo puede ser invalidada dentro del plazo legal o anulada por sentencia judicial, pero no revocada discrecionalmente”.
Para el director de Incidencia de Pivotes, José Antonio Valenzuela, la propuesta apunta en la dirección correcta, pero “el diseño de la ley debe cuidar que no se generen incentivos a que el SEA rechace proyectos para cuidarse de los impactos que una propuesta como esta pueda tener para el Fisco”.
Megaproyecto de US$ 11 mil millones ingresa adenda complementaria
Este jueves, el proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde HNH Energy -propiedad del consorcio conformado por las empresas austríacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- ingresó la adenda complementaria a su EIA, el cual se emplaza en la Región de Magallanes y totaliza una inversión de US$ 11 mil millones. El proyecto acumula más de 18 meses en evaluación ambiental y, con este hito, avanza hacia la conclusión del proceso durante el presente año y la obtención de la RCA.
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