Pese a que en 2012 Chile suscribió el acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP) de la FAO, que busca disuadir y eliminar la pesca ilegal por medio del impedimento y mayor fiscalización de barcos extranjeros que recalen en puertos, recién el pasado 5 de junio comenzó a regir esta normativa.
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Francisco Orrego, la entrada en vigencia de este acuerdo de carácter vinculante, permite contar, junto a otras herramientas jurídicas internacionales, con un sólido marco institucional contra la pesca ilegal.
“Chile fue uno de los primeros países en ratificar el acuerdo, en agosto de 2012, y fue un activo participante no solo en el desarrollo del acuerdo, sino que también en la promoción del mismo, para sumar más países, y lograr su reciente entrada en vigor”, comentó.
El MERP suma ya 29 países, superando el mínimo de 25 que debía tener para entrar en vigencia. Actualmente lo integran Australia, Chile, Costa Rica, Cuba, Domínica, Unión Europea (Organización Miembro), Guyana, Islandia, Mozambique, Myanmar, Nueva Zelandia, Noruega, República de Corea, Somalía, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Estados Unidos, Uruguay, entre otros.
Medidas de protección
Según datos de la FAO, la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita más lucrativa a nivel mundial,y representa hasta 26 millones de toneladas anuales, avaluados en US$ 23.000 millones.
Y para combatir este crimen el acuerdo MERP obliga a que cada barco extranjero que llegue a algún puerto ubicado en los países suscritos deberá presentar información clara y específica sobre la procedencia de la carga y el tratamiento del mismo, así como su destino.
Por eso, cada país deberá designar cuáles serán los puertos específicos preparados para recibir el desembarco de naves extranjeras concentrando y facilitando los controles y la fiscalización para este tipo de embarcaciones.
Los buques pesqueros provenientes de aguas extranjeras deberán solicitar permiso con antelación para entrar en los puertos y, al recalar, deben entregar información a las autoridades locales, además de permitir la inspección registros y carga y procedencia del producto.
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