Luego que seis inmobiliarias hicieran presentaciones a la Contraloría General de la República para que sus permisos de edificación no fueran impugnados, en medio del conflicto por los denominados guetos verticales en Estación Central, el 11 de diciembre del año 2017 el ente dio a conocer un dictamen clave para el sector.
En un escrito de siete páginas, la entidad decidió respaldar las instrucciones del Ministerio de Vivienda, ratificando que una serie de permisos emitidos por la Dirección de Obras estaban mal otorgados, ya que las superficies aprobadas eran mayores a las que correspondían, por lo que se pidió tomar acciones que implicarían que eventualmente los permisos deban anularse.
La decisión fue un balde de agua fría para las inmobiliarias cuestionadas y gatilló que éstas reforzaran su ofensiva legal para defender sus planes. Fue así que la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Ramaq Ltda. e Inmobiliaria e Inversiones Alameda Ltda. –dos de las seis empresas afectadas- ingresaron un recurso de protección el 12 de enero en contra de la Contraloría liderada por Jorge Bermúdez; el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (DDU), Pablo Contrucci; el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana (Seremi), Aldo Ramaciotti, y el director de Obras de la Municipalidad de Estación Central (DOM), Armir Seeger.
Según explican las empresas, presentaron ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Estación Central seis solicitudes de aprobación de anteproyectos en terrenos de su propiedad para el desarrollo de edificaciones continuas en altura, cumpliendo con las “interpretaciones administrativas” que existían a la fecha.
Sin embargo, dicen que tras el ingreso de esas solicitudes, el DDU, en coordinación con la Seremi, modificaron la “interpretación histórica” sobre la materia. Así, relatan, la DOM emitió actas de observaciones a las solicitudes de anteproyectos indicando que esos proyectos debían dar cumplimiento a la nueva interpretación, lo cual los hace inviables. Por esto, agregan, recurrieron a la Contraloría, pero la entidad se negó a objetar estas interpretaciones.
“Con posterioridad a la fecha de ingreso de las respectivas solicitudes de aprobación de anteproyecto identificadas, la Seremi emitió el oficio ordinario de fecha 27 de abril de 2016, el cual, además de ser contrario a derecho, modificó ‘las reglas del juego’ en relación a las edificaciones continuas en altura que venían aprobándose y construyéndose en dicha zona en Estación Central, es decir, modificó la ‘interpretación histórica’ que había existido hasta ese momento”, dice en el escrito.
“Ilegal y arbitrario”
El juicio de las inmobiliarias es claro: las “nuevas interpretaciones” y el dictamen emanado desde la Contraloría en diciembre fue ilegal y arbitrario.
¿Las razones? Dicen que la Contraloría señaló que en casos en que no se contempla altura máxima no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, pero las inmobiliarias argumentan que dicho planteamiento es contrario a derecho, ya que no por el hecho que una zona no esté regulada por un plan regulador y/o el plan regulador no establezca una norma urbanística determinada, no implica que el sistema de agrupamiento de edificación continua no pueda ser aplicado.
Además, argumentan que el conflicto surge desde una perspectiva política, en la cual se consideró que las edificaciones continuas en altura estaban significando una errada política urbana. Sobre el dictamen de la Contraloría, indican que su decisión carece de fundamentos en lo relativo a la validación de los actos de la DOM. De esta manera, se pide acoger a tramitación el recurso declarando que, aun cuando se deje sin efecto todos los actos recurridos o algunos de ellos, en cualquier caso, “se ordene expresamente a la DOM de Estación Central a no aplicar las ‘interpretaciones’ de la Seremi y de la DDU a los proyectos de nuestras representadas que fueron ingresados con anterioridad a la emisión de dichas interpretaciones”.
Vecinos también han llegado a la justicia
En paralelo, desde que el intendente de Santiago, Claudio Orrego, destapó en abril del año pasado la polémica por los llamados guetos verticales, diversas organizaciones u agrupaciones han interpuesto recursos en contra de la Municipalidad de Estación Central. Sin embargo, no todos han logrado pasar la etapa de la admisibilidad. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, se declaró inadmisible un recurso de protección presentado por vecinos de la comuna ante la Corte de Apelaciones de Santiago para detener la construcción de 28 edificios, cuyas alturas van desde los 20 hasta los 38 pisos. La controversia que provocó estas edificaciones motivó a que incluso el edil de la comuna, Rodrigo Delgado, presentara una modificación al plan regulador.
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