En los últimos días del 2020 se celebraron dos hitos en materia medioambiental: la salida de las centrales a carbón Ventanas 1 (AES Gener) y Bocamina I (Enel) en el marco del plan de descarbonización. Pero también el fin de año traía consigo un quiebre de los intentos por reparar el daño en una de las causas judiciales más representativas de la crisis ambiental de la zona de Quintero-Puchuncaví.
Hace poco más de cuatro años, dos sindicatos de pescadores pertenecientes a las caletas Horcón y Ventanas presentaron ante el Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, una demanda contra 11 empresas de la zona por el daño ambiental debido a la contaminación “histórica” que ha afectado durante décadas esas bahías. Entre ellas estaban la División Ventanas de Codelco, AES Gener, ENAP, Empresas Copec y Gasmar, entre otras.
En medio de un lento caminar de la causa, a inicios del año pasado nació una luz de esperanza cuando demandantes y demandados comenzaron una serie de acercamientos, lo que derivó en un proceso de conciliación. Pescadores y empresas lograron avanzar en propuestas preliminares; mientras el gobierno -representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- se tomó su tiempo hasta que finalmente el 26 de mayo emitió su opinión técnica.
Un día antes de la audiencia, en dicho documento reservado, la subsecretaría del Medio Ambiente dio respuesta a cada una de las propuestas que se incluían en las bases de conciliación elaboradas por los demandantes y las medidas sugeridas por las empresas.
Sin embargo, en la audiencia, la parte demandante -aunque no fue público en el expediente- decidió dar por fracasada oficialmente la conciliación con el Estado, ya que las medidas planteadas consistían básicamente en la repetición de políticas públicas en marcha. Y aunque para las organizaciones era clave la presencia del Estado en un potencial acuerdo, considerando que parte de las acciones implica iniciativa de la autoridad, de todas formas continuaron conversando con las empresas.
Pero a fines de noviembre, se enterraron las posibilidades definitivamente. La abogada de los sindicatos de pescadores (demandantes) y de mujeres en zona de sacrificio en resistencia (terceros coadyuvantes), Cristina Lux, presentó un escrito pidiendo dar por frustrada la etapa obligatoria de conciliación y que el Tribunal avance a la etapa de prueba. Consultada, Lux explica que “las partes estaban demasiado alejadas”, aclarando que esto “no significa que esta parte esté completamente cerrada a una conciliación eventual, futura, con alguno o con todos los demandados, sino que significa que damos por terminada la etapa obligatoria de conciliación atendido a cómo ha transcurrido los sucesos”.
En el escrito de 15 páginas, presentado por los terceros coadyuvantes cuya decisión es respaldada por los pescadores, se asegura: “Las medidas y acciones propuestas por las empresas, como la política ambiental proyectada y los actuales instrumentos de gestión ambiental en la zona, no son suficientes para así, en definitiva, resguardar la salud de las personas y asegurar el porvenir del territorio, considerando la urgencia de remediación”.
Y agrega, al menos, cuatro argumentos para dar por finalizado el proceso, apelando -por ejemplo- que las acciones y medidas por parte del Estado no cumplen con el objetivo de reparar el daño causado.
Trascendió que se realizaban reuniones, pero no daban cuenta que existieran coincidencias en algún punto, por lo que no se podía seguir postergando indefinidamente el proceso que ya tiene una larga data y que además se vio dificultado por la pandemia. Algunas empresas habrían mostrado más voluntad de conciliar y al menos una ya se habría restado del procedimiento.
En una escueta declaración, el 3 de diciembre el Tribunal Ambiental informó a todas las partes de la decisión tomada por las organizaciones. Así, se espera que se fije una audiencia para ver si se da por finalizada la conciliación y así se retome la presentación de pruebas, testigos, y se realicen los alegatos finales para emitir una sentencia.
Fuentes explican que, aunque el Tribunal podría intentar “salvar” la conciliación consultando a las partes o presentar una propuesta alternativa, el hecho que sea la demandada quien dé por fracasada esa gestión derrumba las posibilidades de mantenerla a flote.
En la perspectiva de las empresas, en Codelco estarían por seguir promoviendo el diálogo y los acuerdos, junto con apoyar las medidas propuestas por el polo industrial de la zona.
Por su parte, Enap señaló que “queremos colaborar activamente con la comuna de Quintero, haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para cuidar la salud y seguridad de las personas”, junto con destacar la necesidad de “entender lo que requiere la comunidad”.
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