No es primera vez que la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) sale a alertar por la ley que elevó las patentes mineras. Sin embargo, es primera vez que lo hace durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast y, de hecho, en una declaración pública, el gremio minero liderado por Jorge Riesco salió a exigir que la actual administración cumpla con su promesa de campaña de deregar el nuevo régimen.
Así, en el escrito de una página enviado a los medios, Sonami manifestó su "profunda preocupación ante la grave amenaza que el nuevo régimen de patentes mineras, actualizado por la Ley 21.649, representa para la pequeña minería chilena", agregando que "se debe urgentemente volver a un sistema de amparo de la propiedad minera, basado solo en el pago de una patente de monto razonable".
En esa línea, y ante el "castigo injusto" que implica la norma según el gremio, la entidad declaró: "solicitamos al Gobierno, encarecidamente cumplir su compromiso de campaña y derogar el sistema que ha significado el aumento de patentes mineras para la pequeña y mediana minería".
Entre los argumentos expuestos, Sonami indicó que, en 2025, la recaudación asociada a la pequeña minería bajo este ítem es acotado, alcanzando las 142.854 UTM en 2025 (unos $ 1.000 millones), representando menos del 5% del total de la recaudación por concesiones.
"El mayor cobro aplicado a este sector no es fiscalmente determinante, mientras que sí puede tener consecuencias relevantes para la actividad económica en regiones mineras, poniendo en riesgo la continuidad de pequeñas faenas y su encadenamiento productivo local directa e indirectamente", agregó.
Asimismo, el gremio advirtió que el alza en los costos de amparo y la carga administrativa permanente aumenta la presión sobre actores con menor capacidad financiera para sostener sus concesiones. A juicio de la entidad, ello podría derivar en una mayor concentración de la propiedad minera en empresas con más espalda económica.
“Si ellos pierden sus pertenencias, la propiedad minera puede terminar concentrándose en actores con mayor capacidad económica, debilitando precisamente al segmento que históricamente ha sido semilla de nuevos proyectos y actividad minera regional”, afirmó la organización.
Frente a este escenario, Sonami llamó a las autoridades a revisar el sistema vigente y avanzar hacia un mecanismo “simple, objetivo y verificable”, basado en patentes y sin espacios para “arbitrariedad administrativa”.
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